En tribuna parlamentaria del Congreso mexiquense, el diputado local Max Correa Hernández realizó un pronunciamiento contra los casos de presunta violación a los derechos laborales y universitarios denunciados por personal académico y alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex).

El legislador de Morena señaló que es reprobable en todos los sentidos que se utilice a la Rectoría de la UAEMex para limitar las libertades de cátedra, investigación y libre discusión de las ideas, y se permita el abuso de los titulares de los órganos de gobierno, dependencias académicas y administrativas de esa universidad.

Correa Hernández lamentó que se tengan indicios de triangulación de los recursos de la UAEMex hacia empresas fantasma, como se documenta en la denominada “estafa maestra”, y de enriquecimiento ilícito de altos funcionarios universitarios.

También advirtió de altos salarios y bonos para este tipo de autoridades, mientras que para los profesores “sólo hay salarios precarios, y contrataciones que son acompañadas de la firma previa de la renuncia, que se activa ante la negativa de no adhesión ante los mandatos unilaterales de las autoridades”.

En ese sentido, dijo que el Rector Alfredo Barrera Baca no sólo protege y permita el desarrollo de un ambiente laboral que atropella la dignidad y derechos del alumnado, profesorado y del personal, “también desaparece importantes Centros de Investigación, cierren posgrado y despide importantes perfiles académicos para aumentar puestos de burocracia universitaria que sirven como refugio de políticos del partido PRI sin credenciales académicas, y que fueron derrotados la pasada elección.

Explicó que uno de los casos más recientes de abuso de autoridad sucedió el pasado miércoles 10 de octubre, día en el que la Rectoría ordenó cerrar el Centro de Investigación y Estudios en Movilidades y Migraciones Internacionales dejando a profesores y alumnos en situación de vulnerabilidad para la continuidad y conclusión de sus estudios.

“El mismo día, el Doctor Fermín Carreño Meléndez fue destituido de su cargo y desalojado con violencia de su oficina, donde fungía como Coordinador del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable (CEDES)”.

Tras denunciar la desaparición de las cuotas que los trabajadores universitarios aportan al Issemym, el activista social dijo que “los casos de hostigamiento, persecución, intimidación y violación a los derechos humanos, laborales y universitarios por parte de los directivos designados por el Rector son recurrentes y graves”.

Agregó: Por entrevistas, recepción de denuncias y expedientes tenemos el conocimiento que durante los últimos años varios alumnos han sido maltratados física y psicológicamente, mientras que profesores e investigadores de la UAEMex han sido hostigados, perseguidos, golpeados y reprimidos, por ejercer su derecho a la organización, por querer competir para ocupar los puestos de gobierno universitarios, o por el simple hecho de no subordinarse ante las decisiones autoritarias de las autoridades allegadas al Rector. “Sin duda, este deterioro es en detrimento de la calidad educativa, incluso cabe señalar que algunos planes de estudio han perdido las acreditaciones de calidad que tenían porque en la UAEMex se está privilegiando el ingreso de profesores, que son ex – alumnos recién graduados que fueron colaboradores de las autoridades, y se desplaza a profesores con posgrados y años de experiencia académica que no se alinean a los mandatos de las autoridades”.

El también secretario general de la Central Campesina Cardenista (CCC), advirtió que en los procesos de renovación de los órganos de la universidad sólo hay “candidatos únicos” para evitar la competencia democrática, porque las actuales autoridades llegan a amenazar y amedrentar psicológica y físicamente a quienes se inscriben para que retiren su postulación”.

Max Correa Hernández aseveró que el Rector Alfredo Barrera Baca está obligado a garantizar en el ámbito de sus atribuciones la libertad de cátedra e investigación, el trabajo académico crítico, el ejercicio de los derechos humanos, laborales y universitarios del personal académico a su cargo y, en general, de la comunidad universitaria, cesando cualquier tipo de represalia en su contra”.

Finalmente, exigió que las instancias competentes investiguen, y en su caso, emitir recomendaciones, sancionar y restituir en el ejercicio de sus derechos a las personas afectadas por casos de abuso de las autoridades universitarias y despidos injustificados.

“Es importante dejar claro que se han terminado los tiempos en el que las universidades estatales sigan siendo la caja chica de la oligarquía local”.

Redacción The Observer

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