Por Mónica Fragoso

Desde que el presidente electo anunció que para decidir sobre el destino del nuevo aeropuerto se tendría que hacer una consulta pública, a fin de que la ciudadanía decida que ocurrirá con el mismo, se generó una enorme expectativa, misma que ha perdido utilidad conforme pasa el tiempo, lo que ha sido aprovechado por todos aquello que tienen interés en el mismo, pues cada vez se desdibuja más la idea de participación ciudadana en un tema de índole técnico, que carece de información completa y que sólo fue una propuesta de campaña antisistema que ganó terreno en la opinión pública.

Debido a ello se dio a conocer la forma en que se realizaría la misma, siendo de la siguiente manera: Se llevará acabo en cuatro días, del 25 al 28 de octubre de 2018, con un horario de 8 de la mañana a las 6 de la tarde, en la que podrán participar residentes de solo 538 municipios del país, (excluyendo a mil 920 municipios); la Fundación Arturo Rosenblueth (la cual se enfoca a los sistemas y tecnología informática) será la encargada del cómputo de la información, se involucrarán además organizaciones civiles como voluntarios, sin que hasta el momento se tenga un listado de ellas, situación extraña pues el Presidente electo siempre manifestó que no creía en las organizaciones de la sociedad civil).

Esta aparente consulta tendrá solo dos opciones a escoger; la primera de ellas será terminar el aeropuerto en Texcoco, Estado de México y; la segunda que sería habilitar pistas en la base aérea de Santa Lucía (no un aeropuerto como tal).

Existen encuestas como la de la empresa Mitofsky que en un levantamiento reciente asegura que el 64.9 por ciento de los mexicanos les interesa poco o nada participar en la consulta sobre el tema del aeropuerto; cifra que se desplomó con referencia a meses anteriores, donde existía más interés por participar.

Lo cierto es que la supuesta consulta ciudadana, no cuenta con los lineamientos jurídicos de una, solo se aprecia que será una especie de encuesta, no oficial, pues en todo caso la autoridad para realizarla sería el Instituto Nacional Electoral y totalmente parcial, pues no todos los ciudadanos podrán emitir su opinión a menos que su municipio participe. 

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