El regreso de la maestra que controló el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) durante muchos años (de forma directa o indirecta), y dentro del cual se demostró que muchas de las plazas se heredaban o vendían, que un titular podía tener más de una, o que existía el otorgamiento de cargos sin considerar méritos académicos de los maestros; es una noticia que deja en mal a nuestro sistema jurídico, a nuestras autoridades y al mismo Poder Legislativo que aprobó la reforma educativa, pues no existe ningún país en el mundo que haya prosperado y haya dejado atrás la brecha de desigualdad sin que exista una mejor educación.

El mismo día en que inició el ciclo escolar 2018-2019, Gordillo declaró en una rueda de prensa: “Recuperé la libertad y la reforma educativa se ha derrumbado”, frase que también es un claro indicador de su regreso a la esfera pública; pues recordemos que luego de cinco años de haber estado sujeta a un proceso penal, acusada por los delitos de defraudación fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero, y también se dijo perseguida política.

Ahondando un poco más en ellos, es necesario saber que se acreditó la desviación de fondos de cerca de dos mil millones de pesos provenientes de las cuotas sindicales, además del desvío sistemático de recursos de 2009 al 2012 a cuentas bancarias de Estados Unidos, Suiza y otros países, que estaban a nombre de una empresa cuya accionista mayoritaria era la madre de la maestra. 

Los delitos no pudieron acreditarse al no existir denuncia por parte del sindicato o por parte de los maestros, requisito sine qua non y que la autoridad ministerial ignoró. Respecto del ilícito de fraude fiscal (el más fácil de probar), el Tribunal señaló que las pruebas presentadas por Hacienda y por la Procuraduría no se comunicaron en tiempo y forma impidiendo a la defensa presentar sus declaraciones.

Por último, llama la atención la forma en que Elba Esther justifica los bienes que se le fueron encontrados, y que según ella recibió proveniente de una herencia de 373 millones de pesos de su mamá, la cual fue una profesora rural. 

Sin duda, esta historia es un mal sabor de boca para todos los mexicanos, donde nuevamente se demuestra que en nuestro país la ley no se aplica por igual para todos y en donde reina la impunidad; es más, ahora seremos testigos de una contrarreforma educativa que asegure el fracaso de nuestro ya insípido sistema educativo.

 

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