CIUDAD DE MÉXICO- Uno de los principios que rigen las garantías humanas es satisfacer las necesidades básicas del hombre, por lo que la alimentación es un derecho fundamental. En el año 2011, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoció esta necesidad básica por medio de un párrafo anexado al Artículo 4°, en el que se estipuló que “toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”.

Bajo esta idea, la seguridad alimentaria surge como un tema subsecuente al marco legal, asunto que en México es abordado a partir de cuatro ejes: el acceso y uso de los alimentos, la disponibilidad, la estabilidad de la oferta y, el más importante, la malnutrición, un problema de salud pública concebido desde la obesidad y la desnutrición.

Sin embargo, los usos y malos manejos ocasionaron que los chiles secos comercializados a granel exhibieran una serie de problemas relacionados, principalmente, con la presencia de materia extraña: heces de animales, restos de insectos y piedras, algunos de ellos.

A partir de este contexto, la doctora Valdés emprendió una línea de investigación en la que muestreó los chiles secos de mayor consumo (guajillo, pasilla, de árbol, piquín, cascabel, morita y ancho) provenientes de cuatro mercados de la zona metropolitana de la ciudad, todos de tercera clase, ya que se sospechaba podrían ser portadores de toxinas.

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Tras una serie de análisis, el equipo de trabajo detectó Aspergillus niger, Alternatia Rhizopus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus glaucus, Helmintosporium, Aspergillus versicolor, Aspergillus Flavus, hongo productor de aflatoxinas y Penicilium Fusarium, productor de fumonisinas.

La académica señaló que, aunque la presencia de las aflatoxinas está regulada en el maíz mexicano, es necesario crear una norma para los chiles. Bajo la misma idea, comentó que el riesgo para la salud humana radica, principalmente, en que la ingesta de estas toxinas está relacionada con el cáncer de hígado.

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