Horas antes de morir, Óscar Pérez, el piloto que desafió al Gobierno de Nicolás Maduro, se había rendido ante la policía. “Estamos negociando, no queremos hacer frente a funcionarios, que de paso hay conocidos de nosotros, somos patriotas, somos nacionalistas, venimos con toda nuestra convicción”, dijo en uno de los vídeos que divulgó en Instagram el pasado lunes.

Fue un pacto frustrado. La versión oficial indica que los oficiales del operativo contra el exagente debieron defenderse de un ataque del grupo comandado por Pérez. Buscado por lanzar dos granadas y disparar desde un helicóptero robado contra el Supremo y el Ministerio de Interior y Justicia el pasado junio y la sustracción de armas de un cuartel militar, el piloto había abandonado su cargo de inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) para rebelarse contra Maduro. Hasta en sus últimas grabaciones se mostró en compañía de otros agentes en rebelión y armados.

Pérez estuvo prófugo durante casi siete meses. Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, dice que rastrearon su ubicación gracias a una entrevista vía Skype concedida el pasado viernes a la cadena televisiva CNN en español, y a supuestos delatores de la oposición.

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La policía científica fue excluida de la operación denominada Gedeón. En cambio, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional, la Dirección General de Contrainteligencia Militar y la Guardia Nacional y hasta civiles progubernamentales participaron en la maniobra contra Pérez. El asalto duró más de ocho horas. Casi 600 funcionarios actuaron con un arsenal de tanquetas, antitanques, un lanzacohetes RPG-7 de origen ruso, fusiles AK-103 y pistolas.

Una evidencia del desproporcionado combate es el chalet donde se refugiaban los insurgentes, en el barrio caraqueño de El Junquito. Más de un centenar de tiros dejaron la casa hecha un amasijo de escombros. Su propietario es William Aguado Sequera, un médico cirujano de la policía que fue detenido por militares.

Pérez, otros cinco hombres, una mujer y dos agentes policiales murieron en la operación policial. El Gobierno ha confirmado nueve muertos, ocho heridos y seis arrestados. Según el Ministerio de Interior y Justicia, los expolicías intentaron detonar un automóvil cargado de explosivos y dispararon contra los uniformados.

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