La semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados la propuesta de ley de seguridad interior, una iniciativa que ha generado enorme polémica, la cual trataré de abordar desde sus dos vertientes: Los que están a favor refieren que luego de 11 años en que el ejército lleva en las calles, es necesario dotarlos de un marco legal de actuación, para posteriormente retirarlos en un año que puede ser prorrogado. Los que están en contra, donde se encuentran académicos, asociaciones civiles y actualmente Organismos internacionales refieren, que la ley es muy ambigua, que no existen conceptos claros y que no es necesario generar una ley, pues ya se encuentran los mecanismos para su actuar dentro de la Constitución, incluso han referido que en caso de aprobarse la ley agotaran los recursos legales necesarios para que sea declarada inconstitucional.

Del cuerpo de la iniciativa, los puntos que han generado polémica, son los siguientes:

1.- El Presidente por sí mismo o con aprobación de las Legislaturas de los Estados ordenará la intervención en acciones de seguridad interna del ejército y la marina en zonas de conflicto.

2.- El Consejo de Seguridad Nacional determinará la procedencia de la intervención dentro de 72 horas y emitirá la declaratoria de protección a la seguridad interior; pero en caso de amenazas que representen un peligro grave a las instituciones o a la integridad de las personas, el Presidente de la Republica bajo su más estricta responsabilidad podrá ordenar las acciones inmediatas.

3.- Los actos realizados por las autoridades deberán someterse a la preservación de los derechos humanos y sus garantías, de acuerdo con los protocolos emitidos.

4.- Las movilizaciones de protesta social que se realicen “pacíficamente” bajo ninguna circunstancia serán consideradas amenazas a la seguridad interior, sin especificar qué se entiende por pacíficamente.

5.- Las fuerzas federales y armadas desarrollarán labores de inteligencia, intervención de comunicaciones y recolección de información privada, sin límites claros y sin existir una capacitación previa para ello, ni la autorización de un Juez de acuerdo a lo establecido con el nuevo Sistema de Justicia Penal.

Lo cierto es que la iniciativa dará mucho mas de que hablar, ahora la discusión se encuentra en el Senado, así que hay que estar atentos para valorar más adelante esta polémica norma.

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