Por: Jose Carlos Neira Cruz

“Para mí, el cine son cuatrocientas butacas que llenar.” – Alfred Hitchcock  

El Premio Ariel y el Festival Internacional de Cine Guanajuato, dos de los principales eventos cinematográficos de México, se llevaron a cabo este mes de julio, su importancia es vital para el desarrollo de diversos proyectos artísticos; sin embargo, como se ha planteado anteriormente la industria del séptimo arte  presenta un gran menoscabo en el aspecto presupuestal, así como, en su difusión.

Como muestra de la inminente crisis en la que se encuentra el cine mexicano tenemos el ya citado premio Ariel, nuestro símil mexicano a los premios Óscar, siendo su última entrega en el icónico Palacio de Bellas Artes, dicho evento es organizado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) y financiado, en gran medida, de lo asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para dicha asociación civil.

Pero … ¿Cómo puede la AMACC garantizar un evento de calidad cuando su presupuesto para la premiación  bajo de 14 millones de pesos a solo un millón?, ¿Cómo defender y promover  el cine mexicano cuando su presupuesto general anual paso de 10 millones a 3.5 millones?.

El futuro del cine mexicano es incierto y preocupante, la tendencia presupuestal va a la baja sin importar la enorme cantidad de galardones y aumento de producción, la industria sufre el “embate presupuestal” resultado no sólo de la actividad legislativa, sino también, de muchos apoyos gubernamentales fallidos dentro de este sector.

Por ejemplo, nos encontramos con películas como “La carta” de Rafael Bonilla que solo recaudo 8.30 pesos pero le fue invertido por parte del Instituto Mexicano de Cinematografía, en 2008, casi 800 mil pesos; en el mismo sentido tenemos diversas producciones en donde no se recaudó ni 100 pesos durante la proyección, ¿Cómo exigir más presupuesto con estos antecedentes?.

Sumado a ello, no existe un adecuado marco jurídico para la difusión de los proyectos nacionales, muestra de esto lo encontramos en la Ley Federal de Cinematografía, en específico su artículo 19, donde se contempla lo siguiente:

“Los exhibidores reservarán el diez por ciento del tiempo total de exhibición, para la proyección de películas nacionales en sus respectivas salas cinematográficas…”

Este porcentaje obedece al contexto presentado a finales de los años noventa, resultando absurdo en la actualidad donde las empresas extranjeras invierten millones de dólares en producción, difusión e innovación cinematográfica; pudiéndose considerar  como competencia desleal al no haber una igualdad de condiciones entre la producción nacional y la extranjera.

La industria está cambiando, los cineastas no pueden seguir pensando como hace veinte años, no en donde el streaming se alza como rey indiscutible de las preferencias de reproducción de medios visuales y las productoras extranjeras amagan cada vez más con ambiciosos proyectos.

La situación del séptimo arte en México es una vía de dos sentidos: por un lado tenemos una labor legislativa pobre, despreocupada; por el otro, nos encontramos con los cineastas enfocados en obtener cada año recursos del erario público en vez de impulsar una propuesta integral a largo plazo que les garantice realizar sus proyectos, difundirlos y competir a nivel internacional.

Los cineastas deberán propiciar los medios para establecer dicha propuesta en conjunto con la  próxima legislatura y la administración pública federal, de lo contrario se quedaran estancados, eso en el mejor de los casos.

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