Por Mónica Fragoso
 

El desarrollo en materia de obra pública representa para cualquier país una gran fuente de crecimiento, no solo en materia de infraestructura, comunicación, económica, laboral, entre otras. Pero también las cantidades de dinero que se manejan vuelven a la obra pública un foco rojo para que prevalezca la corrupción en dicho sector, lo que repercute en que exista un beneficio potencial, para terminar en muchos casos obras inexistentes, innecesarias, duplicadas, caras o de muy mala calidad; además se han detectado irregularidades en todos los procesos desde el proyecto, planeación, presupuestación, ejecución y operación de la obra.

 

La Asociación Civil “México Evalúa”, realizó una métrica de transparencia respecto de la obra pública, que concluye en tres pendientes:

 

1.- Los diagnósticos de infraestructura no ofrecen un análisis objetivo sobre las necesidades de inversión física.

 

2.- Las adjudicaciones directas son el procedimiento de contratación más discrecional, y no cuenta con mecanismos de rendición de cuentas.

 

3.- Se cumplen algunas obligaciones de transparencia especificadas en la ley, pero es importante establecer sanciones para el caso de su incumplimiento.

 

Aunado a ello, se requieren cambios legislativos para establecer reglas claras respecto de las adjudicaciones de las obras, su fiscalización y auditorias basadas en reglas específicas que ahora son parte de reglamentos obsoletos y discrecionales, que han ayudado a implementar prácticas desleales en esta materia.

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