El Ejército Mexicano tuvo evidencia desde un primer momento sobre la alteración que sufrió la escena del crimen donde 22 civiles fallecieron en un supuesto enfrentamiento, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.

Aristegui Noticias obtuvo, vía transparencia, los primeros reportes enviados por los soldados a sus superiores tras la balacera: cuatro partes “extraurgentes” y un anexo de 34 fotografías en blanco y negro, tomadas por soldados en el lugar de los hechos.

Dos partes militares mencionan el envío de fotografías: el S-1/M-1/14787 y el  S-1/M-1/14720. El primero no figura entre las pruebas que entregó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para la investigación por violaciones graves.

Durante las 93 páginas de la recomendación de CNDH nunca se menciona que los elementos hayan tomado imágenes. La Comisión concluyó con peritajes que nueve cadáveres fueron movidos o les colocaron armas.

Aristegui Noticias comparó las nuevas fotos entregadas por la Sedena con dos series de imágenes que ya eran públicas. El resultado: nueve cadáveres fueron movidos o les colocaron armas.

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El 30 de junio de 2014, elementos de la Sedena se enfrentaron a un grupo civiles armados en el poblado de San Pedro Limón, Tlatlaya.

Soldados reportaron que los sujetos dispararon desde una bodega, por lo que repelieron la agresión con un saldo de 22 civiles fallecidos y un militar herido.

Los hechos se registraron alrededor de las 6:00 am y el Ministerio Público llegó hasta las 12:30 horas, por lo cual los soldados tuvieron control de la escena durante seis horas.

En los cuatro partes obtenidos por Aristegui Noticias se aprecia el desarrollo de los hechos: en el primero ya se habla de 22 civiles muertos, pero no hay detalles sobre las armas decomisadas; el último reporte cierra a las 17:30 horas, cuando acabó el levantamiento de los cuerpos.

FOTOS DEMUESTRAN CADÁVERES MANIPULADOS

Las fotos entregadas por la Sedena son una pieza clave para entender cómo las autoridades modificaron el lugar donde fallecieron 22 civiles.

Hay dos registros gráficos previos. Uno fue el expediente publicado por la CNDH (con imágenes de peritajes); y el segundo, las fotos filtradas a la agencia de noticias MVT, de Toluca.

Al comparar los tres grupos de imágenes consta que el Ejército tuvo evidencia en sus archivos sobre el cambio de posición de al menos nueve cadáveres y armas a su alrededor.

La Sedena entregó 34 fotos y en 20 de ellas se aprecia la posición de los cadáveres luego de la balacera, e incluso las botas de un militar que tomó las imágenes.

En la foto número dos de la Sedena, se ve el cuerpo de un hombre con los brazos extendidos y un arma larga sin cargador sobre el brazo izquierdo, incluso aparecen las botas del militar que tomó la foto.

Después, la escena cambia.

En las imágenes que tomaron los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), se aprecia el cuerpo en la misma posición, pero ahora el arma ya tiene incorporado el cargador.

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En la foto número 7 de Sedena se ve un cadáver con un rifle sobre el brazo izquierdo. En las fotos proporcionadas por los peritos el arma aparece bajo el brazo.

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En la foto número ocho de Sedena, se aprecia el cuerpo de un hombre con un arma sobre el pecho que apunta hacia abajo. En las otras series, el mismo rifle apunta hacia arriba.

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En la foto número nueve de Sedena un cadáver tiene la punta del arma recargada sobre el brazo. En las fotos de CNDH y MVT el rifle está exactamente al revés: el hombre aparece agarrando la culata del arma.

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En la foto 11 de Sedena se aprecia un cadáver tirado sobre el suelo. Sin embargo, en las otras evidencias se aprecia un

cargador de arma larga arriba del cuerpo y una mancha de sangre.

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En la foto número 13, los elementos de Sedena fotografiaron a un hombre boca arriba, incluso se ven sus manos sobre el tórax. Pero en las fotos tomadas por los peritos de la PGJEM, el hombre parece boca abajo y con un arma a la derecha.

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En la foto 14 de Sedena, hay un hombre con un rifle pegado al cuerpo. En las fotos de PGJEM el rifle está en otra posición.

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En la foto 16 del Ejército hay un hombre con un arma larga pegada a la mano, pero en las fotos de PGJEM hay un montículo de arena y una bala entre la mano y el rifle.

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En otra imagen de Sedena, se aprecia un cadáver con los brazos abiertos y un rifle a su izquierda, en posición paralela al cadáver. En la foto de MVT el arma de fuego ya está en un ángulo de 45 grados con los brazos del cuerpo.

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BLOQUEO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Aristegui Noticias solicitó acceso a estos archivos en enero de 2015: la Sedena negó el acceso, pero una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) obligó a la Secretaría a entregar los datos en junio de 2015.

De última hora, el Ejército Mexicano canceló la entrega de los documentos, argumentando la existencia de un amparo promovido por los soldados que participaron en los hechos para que no se divulgaran elementos de la investigación.

El bloqueo sobre la información pública terminó en octubre de 2016, cuando la dependencia notificó la posibilidad de entregar los documentos.

El expediente transparentado está en una versión pública (con datos personales y caras tapadas con un cuadro negro). Al ya tener los documentos, una fuente entregó a Aristegui Noticias otra versión de las mismas fotos, pero con mayor calidad y ahora sin el cuadro negro que tapaba la cara de las víctimas.

Además, en la lista de “EVIDENCIAS” de la CNDH no aparece el parte S-1/M-1/14787, donde los soldados reportaron el envío de imágenes a sus superiores.

El Ejército Mexicano guardó en sus archivos evidencia clave para determinar qué pasó la mañana del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya.

JUSTICIA

La versión oficial sobre la balacera (que los militares repelieron una agresión) dominó la agenda pública dos meses, hasta que un reportaje de la revista Esquire, de septiembre de 2014, cuestionó la actuación de los soldados y una de las sobrevivientes de los hechos acusó la ejecución extrajudicial de los civilesarmados.

La Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que investigaba los hechos desde un principio, aunque poco a poco los involucrados en los hechos han salido victoriosos de los procesos penales.

A dos años y tres meses de lo ocurrido, todos los militares están libres, luego que un juez federal no encontró elementos suficientes para seguir el proceso penal.

Sin embargo, el juez dio a la PGR la oportunidad de perfeccionar la investigación y presentar el caso nuevamente.

La abogada Araceli Olivos, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que el juez rechazó un peritaje de PGR que confirmaba la alteración ilícita del lugar de los hechos, por carecer de elementos que comprobaran rotundamente esta hipótesis.

Sin embargo, el juez dio más peso a un documento de la PGJEM que afirmaba que la escena se conservó íntegra.

“Esto apunta directamente a la capacidad de PGR de no haber podido sostener  una investigación y una acusación sólida, con argumentos y datos de prueba”, dijo la abogada Olivos Portugal.

Redacción Aristegui Noticias /Por: Sebastián Barragán

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