El Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, condenó el reciente homicidio del juez federal, Vicente Antonio Bermúdez Zacarías (juez quinto de distrito en materia de amparo y juicios federales con residencia en el Estado de México), y además refirió que valdría la pena valorar la figura de la “justicia sin rostro”, que se utilizó en otros países para resguardar la identidad de los impartidores de justicia.

El Juez federal fue ejecutado alrededor de las ocho treinta de la mañana del día 17 de octubre del 2016, cuando salió a ejercitarse. Éste servidor público resolvió diversos juicios relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado, donde se involucraban a personas como Gildardo López Astudillo y Miguel Ángel Treviño Morales de los Zetas, el “Gil” líder de Guerreros Unidos, Joaquín Guzmán Loera alias “el Chapo”, entre otros.

La incidencia delictiva en nuestro país referente a los homicidios de impartidores de justicia se ha incrementado, pues en el año 2013 se asesinaron a dos jueces, en el 2014 a uno, en 2015 a dos y en lo que va de este año, a seis.

La justicia sin rostro se instauró formalmente en Colombia en el año de 1991, aunque hay antecedentes anteriores en otros países de América Latina. Funcionó formalmente durante 9 años, y se dio fin a la figura debido a que la Corte Constitucional Colombiana declaró que violaba el debido proceso. A grandes rasgos, consistía en proteger la identidad de los jueces, fiscales y testigos, a quienes se les distorsionaban las voces, viajaban en coches blindados y de vidrios obscuros, y el proceso era escrito en su totalidad.

Los defensores de esta figura jurídica refieren que gracias a su implementación, se desarticularon importantes bandas del narcotráfico y se determinó la infiltración de dinero ilícito a la política. Los opositores
(entre ellos la Organización de Estados Americanos), afirman que fue un fracaso, puesto que no disminuyó la impunidad, ni la corrupción, ya que permitió diversas irregularidades como detenciones injustificadas, la suplantación de testigos, la violación del debido proceso y de la presunción de inocencia, así como el abuso de autoridad, etc.

Lo cierto es que la “justicia sin rostro” fue una jurisdicción especial creada para delitos de alta peligrosidad como terrorismo y narcotráfico, pero terminó atendiendo todo tipo de ilícitos.

La situación actual de la criminalidad en México hace necesaria la discusión de los antecedentes históricos de diversas figuras como la “justicia sin rostro”, así como la actualización de diversos sistemas de protección de la vida para los fiscales, administradores de justicia y los testigos involucrados en los procesos penales, a fin de contribuir a mejorar la justicia de nuestro país.

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