TOLUCA, México, 4 de Octubre.- La Procuraduría General de Justicia “fabrica delincuentes”, acusó la señora Mireya Ayala, quien asegura que policías ministeriales le han amenazado de muerte, también a su esposo, porque ella se niega a ratificar una acusación en contra de ocho sujetos a los que acusaron del secuestro de un menor de edad, quienes desde hace un año están presos, sin tener ningún vínculo con ese delito.

Mireya Ayala explicó que el 16 de noviembre del año 2014 ella llevaba al menor de edad identificado como Francisco Javier “N” “N”, a quien ella cuidaba y lo acompañaba al catecismo, cuando fueron atacados por dos hombres y una mujer, quienes le arrebataron al menor. Todo esto en el municipio de Tenango.

Más tarde, la madre del menor, les informó que se habían comunicado con ella para exigir un rescate a cambio de respetar la vida del niño. Juntas acudieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a declarar sobre lo ocurrido.

El niño fue liberado el 19 de noviembre del 2014, sano y salvo, al parecer mediante la entrega de una fuerte cantidad de dinero.

Al proseguir las investigaciones, la policía ministerial detuvo, en Chalma, a ocho hombres que se dedican a la construcción, a quienes señalaron como “presuntos responsables” del secuestro.

“Pero esas personas no son las que nos atacaron, a nosotros nos atacaron dos hombres y una mujer, y los hombres eran robustos, morenos, grandes, y estos son todos delgados, mucho más jóvenes”, explicó Mireya Ayala.

Señaló que los agentes ministeriales fueron a su domicilio a informarle que tenía que ampliar y ratificar su declaración, y, cuando acudió ante el Ministerio Público, le entregaron una “declaración” que ellos habían “fabricado”, donde señalaba como culpables a los ocho detenidos en Chalma.

“Esos no son, ellos no son culpables de nada, llevan más de un año en la cárcel, primero en Santiaguito, en Almoloya de Juárez, y ahora ya se los llevaron a Tenancingo, pero ellos no tienen nada qué ver, al menos con el secuestro del niño en el que a mí me golpearon hasta dejarme inconsciente”, precisó.

Señaló que a raíz de que ella se ha negado a firmar esa declaración “irregular”, han recibido, junto con su esposo, amenazas de muerte en tres ocasiones, presumiblemente de los agentes ministeriales, quienes así intentan presionarla para que “colabore” implicando a los que ellos señalan como “presuntos responsables” del secuestro.

Mireya Ayala exigió al gobernador Eruviel Ávila Villegas, al Procurador General de Justicia, Alejandro Gómez Sánchez, y al presidente del Poder Judicial, Sergio Javier Medina Peñaloza, que revisen la investigación que realizan los policías ministeriales y que avala el agente del Ministerio Público que lleva el caso, para que liberen a los ocho detenidos, porque ellos no tienen nada qué ver con el caso, e investiguen a fondo para detener a los verdaderos responsables.

Con información de Agencia MVT / José Contreras Contreras

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