Monterrey, Nuevo León.- El 4 de octubre del 2009, Rodrigo Medina de la Cruz recibía la investidura de gobernador constitucional de Nuevo León. El priista de 37 años juró cumplir y hacer cumplir las leyes.

Siete años después, el mismo político está a un pie de pisar la cárcel, acusado de haber robado al erario tres mil 600 millones de pesos, al amañar un contrato que firmó con la armadora de automóviles asiática KIA, para que se instalara en el municipio de Pesquería.

Medina de la Cruz anticipaba que sería objeto de persecución de parte de su sucesor. La noche del 3 de octubre del 2015, al acudir al Congreso local, para atestiguar la toma de protesta a Jaime Rodríguez Calderón como nuevo mandatario, escuchó un duro mensaje sobre los políticos corruptos.

Las palabras de El Bronco iban dirigidas a él. Aludido, Medina terminó el acto y se retiró. Contrario a lo que dictan las normas de la civilidad política, no acompañó al sucesor a las puertas de Palacio para entregarle las llaves.

“Se le acabó la fiesta a los bandidos”, dijo Rodríguez aquella noche. Se esperaba que persiguiera judicialmente a Medina y, un año después, cumplió.

En resumen, a Medina, se le señala por haber orquestado una enorme estafa dentro del gobierno estatal para beneficiar a familiares y amigos con la firma del convenio con el que su administración le regalaba incentivos por 11 mil 500 millones de pesos a cambio de prácticamente nada.

En esa entrega generosa de “estímulos de inversión”, fue distraída la cantidad por la que lo acusa la Procuraduría estatal.

Medina presidía los consejos del gobierno del estado que aprobaron, fuera de la ley, la entrega de los recursos, por lo que todas las decisiones pasaron por su escritorio, alega la Fiscalía.

Por estas imputaciones de corrupción, también son señalados su entonces secretario de Finanzas, Rodolfo Gómez Acosta, y su secretario de Desarrollo Económico, Rolando Zubirán Robert, entre una decena más de excolaboradores.

Todos ellos, mencionados en la investigación denominada Operación Tornado, podrían ser enviados a prisión y sin derecho a fianza, según la Fiscalía.

En el expediente KIA ha sido mencionado también el actual secretario de Economía a nivel federal, Ildefonso Guajardo Villarreal, quien supo del convenio, lo avaló y se ofreció como gestor, aunque luego se supo que el documento resultó ser ilegal.

Trascendió que Medina podría no presentarse ante el juez de Control en el Palacio de Justicia, donde le serán presentadas las acusaciones. Sin embargo, como señala el fiscal anticorrupción del estado, Ernesto Canales Santos, si se abstiene de acudir, se solicitará una orden de arresto para que sea forzado a sentarse en el banquillo a escuchar de los agentes del Ministerio Público, cómo armó la maquinaria para desviar la cifra millonaria.

Se ha mencionado que el exgobernador priista, ahora autoexiliado en la Ciudad de México, es representado por el despacho de abogados de Adolfo Aguilar Zínser y por Javier Flores, quien fue el último procurador de justicia del estado de Medina.

Dentro de la trama delictiva que la Fiscalía alega haber encontrado en el anterior gobierno (2009-2015), se encuentra también Humberto Medina Ainslie, el padre de Rodrigo, mencionado como el verdadero poder que operó desde las sombras para designar, a conveniencia de él y allegados, toda la obra pública construida en la administración de su hijo.

Por ahora, como medida precautoria, la Fiscalía había obtenido una orden del juez para embargar un rancho que tiene el priista en el municipio de Terán, como una manera de asegurar, por lo menos en parte, la restitución del daño al erario.

Sin embargo, el acusado obtuvo un amparo para que su propiedad no fuera objeto de aseguramiento precautorio. De cualquier manera, el proceso en su contra sigue su curso.

Caído en desgracia, Medina ahora enfrenta presiones al interior del Partido Revolucionario Institucional. Un grupo de priistas notables de Nuevo León, enemigos políticos, a los que relegó durante su sexenio, piden al comité directivo estatal que sean suspendidos los derechos políticos de quienes son actualmente procesados por corrupción.

Demandaron, en un principio, la inhabilitación de Víctor Ramón Martínez Trujillo, quien fuera director del Sistema Estatal de Caminos, en tiempos de Medina, y quien quedó vinculado a proceso por fraude de casi nueve millones de pesos, detectados por ejercer recursos de obras ya hechas, y por simular compras.

El documento está firmado por el exmandatario priista y empresario Benjamín Clariond, la actual alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores; su marido, el exlegislador federal y exalcalde Abel Guerra; así como los exediles Ramón Salas y Sergio de la Fuente.

En medios locales se mencionó que Guerra Garza pedirá el mismo trato para los priistas Medina de la Cruz y otros exfuncionarios si son vinculados a proceso.

Redacción El Zócalo de Saltillo

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