El lunes 18 de julio fue promulgado un paquete de diversas leyes y reformas mejor conocidas como “Leyes anticorrupción”, por ello es necesario conocer esta normas que buscan combatir las prácticas deshonestas de los servidores públicos, y cuyo objetivo primordial es establecer los mecanismos de coordinación y colaboración entre las siete instituciones que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, además de definir cómo se van a diseñar y evaluar las políticas públicas en materia de prevención, control, sanción, disuasión y combate a las prácticas deshonestas.

Para una mejor comprensión lo dividiré en:

1.- La Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como “Ley 3 de 3”, en donde se señalan los pilares básicos del nuevo diseño institucional para combatir la corrupción. En ella se plantean mecanismos de control interno y externo de la administración pública, y fija los límites de actuación de los diversos funcionarios públicos, pero sin dejar a un lado sus obligaciones y sanciones por actos de ellos y particulares que incurran en faltas administrativas.

2.- Reforma al código penal, que incluye medidas más allá de multas e inhabilitaciones para los responsables de actos de corrupción, ya que incorpora la tipificación de delitos de este tipo, así como la forma en qué se deberá llevar a cabo la investigación de los hechos.

3.- Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que será el órgano encargado de imponer las sanciones, pues para ello prevé la creación de un Tribunal Federal cuyo organismo tendrá autonomía para emitir fallos y contará con salas especializadas en todas las entidades federativas.

4.-Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, reforma que busca la creación de una fiscalía especializada en investigación sobre actos de corrupción, con agentes del ministerio público especializado en el combate a este tipo de delitos.

5.- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde se prevén las adecuaciones necesarias para las nuevas medidas, también se señalan las facultades de la Secretaría de la Función Pública dotando de todas las herramientas y atribuciones para prevenir, identificar y sancionar faltas administrativas; así como para revisar el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de los recursos públicos federales.

6.- Reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, cuyas funciones son fortalecidas, generando una nueva forma de organización y de trabajo para realizar revisiones en los Estados de la República y a la cuenta pública federal; facultando al Órgano Superior de Fiscalización, en coordinación con las entidades locales a que fiscalicen la totalidad de los recursos de las participaciones federales que se transfieren a órganos de gobierno, aún y cuando sean transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos o contratos tanto públicos como privados.

Como observamos estimado lector, este conjunto de normas y reformas establecen un nuevo esfuerzo con la finalidad de acabar con un lastre que lastima constantemente el desarrollo de nuestro país, a todos los ciudadanos nos corresponde conocerlo y vigilarlo, pues en la medida que la corrupción se erradique se dará paso a nuevas formas de realizar un crecimiento económico, social y cultural no solo del país, sino de nosotros como parte fundamental de él.

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