A un año de aprobada la regulación para las aplicaciones de transporte bajo demanda en la Ciudad de México, como Uber y Cabify, ésta ha servido sólo para legitimar la operación de esas compañías y aún no se ha traducido en beneficios medibles para la capital.
En el documento aprobado, firmado por el entonces titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi) local, Rufino León Tovar, el 15 de julio de 2015, se señalaban virtudes de diversa índole para la ciudad y los usuarios. La norma decía que las plataformas son “amigables con el medio ambiente”, al reducir el consumo de combustibles y las emisiones contaminantes, más seguras al ofrecer información completa de las unidades y los conductores y que las innovaciones tecnológicas en materia de movilidad abonarían a “una gestión eficiente, tendiente a la automatización y eliminación del error subjetivo, así como a la reducción de las externalidades negativas de los desplazamientos”.
Ese mismo texto obliga a las personas morales que operen o administren las apps a registrarse ante la Semovi y hacer una contribución del 1.5% de cada viaje al “Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón”, pero esa exigencia no ha sido cumplida.
En agosto de 2015, el recién nombrado titular de la Semovi, Héctor Serrano, dijo a Excélsior que las unidades de Uber y Cabify usarían distintivos “discretos” para identificarlos y que el número de unidades de Uber rondaba “los 5,000 o 6,000” y las de Cabify, “arriba de 1,000”.
Y aunque Serrano dijo en marzo pasado que desde julio de 2015 se habían registrado más de 8,000 vehículos ante la Semovi, y que en ese mes comenzaría el pago de aportaciones –el cual sería retroactivo a septiembre de 2015, cuando empezó el proceso de registro–, una solicitud de información presentada por Forbes México el 15 de abril de este año reveló que la Secretaría no contaba con registro alguno en su haber.