Ciudad de México. El anuncio presidencial de que se presentarán acciones de inconstitucionalidad contra los “nombramientos a modo” en Veracruz y Quintana Roo, que buscaban proteger a los mandatarios estatales salientes, “es un nuevo triunfo no sólo del PAN, sino de millones de ciudadanos, quienes pese a los excesos y amenazas de esos gobernadores priístas, han denunciado de manera firme y constante los casos de corrupción y los intentos de impunidad”, sostuvo el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya.

En un comunicado expuso que además de la presentación de acciones de inconstitucionalidad contra esos nombramientos en esos estados, los congresos locales deben desistirse o dar marcha atrás a las designaciones y a las reformas que atentan contra la responsabilidad hacendaria y contra la Constitución, sostuvo Anaya. Consideró que debe entenderse que hoy en el país, “el que la hace, la tiene que pagar”.

Desde hace varias semanas, el blanquiazul señaló que los mandatarios príistas que perdieron en Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, realizaban un “paquete de impunidad” con nombramientos de funcionarios y cambios legislativos para protegerse. Apunto que el PAN “ha alzado fuerte la voz, junto con los ciudadanos, para denunciar los blindajes de quienes, no queda ninguna duda, han robado y lastimado a las familias de sus estados, concretamente en Veracruz, con Javier Duarte; Quintana Roo, con Roberto Borge; y Chihuahua, con César Duarte”.

Anaya Cortés alertó que para evitar que estos malos gobernantes se salgan con la suya no basta con las acciones de inconstitucionalidad anunciadas este día por la Presidencia de la República, sino que es necesario que los congresos locales desistan de aprobar nuevos paquetes de impunidad.

En Veracruz el congreso local debe frenar los nombramientos de fiscal anticorrupción y magistrados, así como la reforma con la que se pretende “basificar” a los “aviadores” de Javier Duarte, con lo cual se violaría la ley de responsabilidad hacendaria, expuso.

También señaló que se debe poner un alto a la intención del gobernador Javier Duarte de “disponer de manera anticipada del impuesto del 3 por ciento a las nóminas, el principal ingreso local, para atarlo al pago de adeudos inexistentes con empresas de su propiedad o de sus cómplices, mismas que ya han sido evidenciadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)”.

Redacción jornada.unam.mx