El líder de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Rubén Núñez Ginéz, permanecerá privado de su libertad, ya que tiene que responder por tres órdenes de aprehensión en su contra.

Fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR) explicaron a La Silla Rota que el líder magisterial, que pertenece a la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE), debe responder por la presunta comisión de los delitos de tentativa de homicidio, robo y lavado de dinero.

Sobre este último cargo penal, agentes de investigación de la dependencia federal indagan que Núñez Ginés pudiera ser responsable de la comisión del presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuyo monto asciende a poco más de 24 millones de pesos en perjuicio del sistema educativo de Oaxaca.

Explicaron que el profesor Núñez Ginés usó la estrategia de “estratificación y concentración”, a fin de evadir los controles de blanqueos de activos y con el claro fin de impedir el conocimiento del origen y movilización de los recursos.

Por ello, la PGR detuvo en abril pasado a Aciel Sibaja Mendoza, secretario de Finanzas de la sección 22, a quien el pasado 22 de junio obtuvo de formal prisión por la comisión del mismo delito.

En su momento, Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de la PGR, dio a conocer que hay indicios de que Núñez y otros líderes de la CNTE realizaron entre 2013 y 2015 convenios entre la Sección 22 de la CNTE y algunas empresas particulares acción irregular para fines fiscales.

En aquella ocasión, Higuera Bernal precisó que se trataban de las firmas Etesa; Vasa Holding y Administradora de Negocios Monte Albán, sin contar algunas otras personas físicas y morales.

A decir de la fuente informativa, las empresas entregaron comisiones quincenales de 3.5%, calculado sobre la cobranza de la quincena, por ventas, productos o servicios a integrantes de la CNTE en Oaxaca.

A su vez, a los empleados del sector educativo se les descontaba el pago de los bienes, productos o servicios adquiridos a través de la nómina que administraba la sección 22 y era controlada por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

“La conducta que se imputa al referido líder consiste en la adquisición, administración y aprovechamiento de recursos económicos de procedencia ilícita y su posterior aplicación para fines propios”, manifestó la fuente gubernamental.

Aunado a esto se sabe que la investigación aún no concluye, por lo que en próximas horas se podrían complementar más órdenes de aprehensión en contra integrantes de la CNTE, a reserva de que el abanico de los delitos se amplíe.

El delito de lavado de dinero se considera como grave.

Rubén Núñez

La orden de aprehensión contra Rubén Núñez fue librada el pasado 14 de abril y cumplimentada el pasado 11 de junio en el municipio de Ecatepec, estado de México, cuando el profesor se trasladaba al municipio mexiquense, tras concluir una reunión extraordinaria de corte sindical en la ciudad de México.

Actualmente el líder magisterial fue recluido en el Centro Federal Readaptación Social Número 11, ubicado en Hermosillo, Sonora.

Aciel Sibaja Mendoza

El secretario de Finanzas de la sección 22 del SNTE, Aciel Sibaja Mendoza, fue detenido el pasado 14 de abril en Oaxaca acusado por la comisión de los delitos de robo, tentativa de homicidio y robo calificado con violencia; a la que se sumó el delito de lavado de dinero.

Un juez de lo Penal ordenó su reclusión en el Centro de Reinserción Social de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y puesto a disposición del juez penal que resolverá su situación jurídica en los próximos meses.

En aquella ocasión se detalló que Sibaja Mendoza es presunto responsable de la comisión del delito de “robo específico” cometido en perjuicio patrimonial de “Soluciones R.H. Avant”, así como daños diversos en perjuicio del gobierno de Oaxaca.

¿Qué es el lavado de dinero?

El “lavado” de dinero es una actividad que consiste en tratar de ocultar grandes cantidades de dinero de procedencia ilícita, explicó el profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Antonio Lara Duque.

¿Qué dice la ley?

“Se impondrán de 5 a 15 años de prisión y de mil a cinco mil días de multa a quien adquiera, deposite, invierta (…) recursos con conocimiento de que procedan de alguna actividad ilícita.

“La misma pena se aplicará a los empleados y funcionarios de las instituciones que integran el sistema financiero, que dolosamente presten ayuda o auxilien a quienes intenten realizar las actividades arriba señaladas”.

“La pena será aumentada en una mitad, cuando la conducta ilícita se cometa por servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, investigar o juzgar la comisión de delitos”.

La Silla Rota