Por: Monica Fragoso 
 

El informe de Open Society Justice Initiative, al cual se le denominó “Atrocidades Innegables: Confrontando crímenes de lesa humanidad en México”, concluye a grandes rasgos, que existen fundamentos razonables para considerar que tanto las fuerzas policíacas y políticas de México, y los cárteles del narcotráfico, en conjunto, han cometido crímenes de lesa humanidad en contra de la población civil.

 

Éste análisis incluye más de tres años de estudio por parte de Open Justice Initiative y cinco organizaciones mexicanas independientes de derechos humanos: La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, El Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, ideas-litigio Estratégico en Derechos Humanos, Fundación para la Justicia y Estado Democrático de Derecho, y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos. 

 

El informe sintetiza y analiza una gama de datos existentes en estas asociaciones civiles, así como recientemente obtenidos por medio de solicitudes públicas de información, sobre los crímenes ocurridos, no solo en Ayotzinapa, Tlatlaya y San Fernando, sino en todo el territorio nacional; encontrando de forma relevante que: la justicia se aplica poco, y ello debido a obstáculos políticos y no técnicos; el gobierno minimiza los datos escondiéndolos o cambiando los tipos penales para disminuir su impacto real; existe un discurso de negación constante, aun pese a las estadísticas. 

 

Dentro del mismo se encuentran propuestas claras como la creación de una entidad internacional para realizar una investigación imparcial, protección de testigos, un cuerpo pericial multidisciplinario y el retiro de las fuerzas armadas en el desarrollo de acciones policiales.

 

De acuerdo con el Estatuto de Roma, los crímenes de lesa humanidad implican un ataque generalizado o sistemático en contra de la población civil, que se lleve a cabo en cumplimiento de una política, que sigue un patrón (las mismas víctimas –población civil-, los mismos perpetradores como la policía y el ejército), y pueden incluir asesinatos, tortura y desapariciones forzadas, tal y como ocurre en México.

 

Este informe se suma a muchos otros realizados por organismos internacionales, dejando la imagen pública de nuestro país muy cuestionada, como nunca antes en la historia, y cuyo precio tendremos que pagar todos los que aquí vivimos; resulta urgente generar acciones de reconciliación entre la población civil y las autoridades gubernamentales, que incluya una discusión clara y abierta con la finalidad de detener no solo los homicidios, las torturas y las desapariciones forzadas, sino de castigar los delitos que se vinculan con los hechos, sobre todo si queremos revindicar a las víctimas y sus familias por el daño que se les ha causado.