Un voceador exhibe en la puerta de un albergue el rescate en ese sitio de 271 personas que al parecer vivían en “condiciones infrahumanas”

GUADALAJARA (El Universal).— En una operación aplicada por la Fiscalía General del Estado (FGE) en un albergue para personas con problemas de adicción en el municipio de Tonalá se rescataron 271 personas, entre hombres, mujeres y menores de edad, quienes habitaban el sitio en condiciones de hacinamiento y eran atendidas “de forma infrahumana”.

La dependencia actuó por la denuncia que presentó una mujer que fue agredida y privada de su libertad si no pagaba mil 500 pesos cuando acudió a visitar a una pariente al albergue Despertar Espiritual, Alcohólicos y Drogadictos de Occidente, A.C., con domicilio en la calle Aldama de la colonia Loma Bonita.

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Víctimas

El fiscal general, Eduardo Almaguer Ramírez, precisó que en el lugar fueron localizadas 111 mujeres, 43 de ellas menores de edad, así como 160 hombres, entre ellos 69 menores.

Además, en el lugar había 11 sujetos con órdenes de aprehensión vigentes que se encontraban en el lugar para evadir la acción de la justicia.

Almaguer señaló que se investiga el vínculo de esos sujetos con la administración del albergue.

Los elementos policiacos también arrestaron, en calidad de presentados, a una mujer que laboraba como recepcionista y a un hombre que se identificó como Sergio Pacheco Sánchez, el encargado.

De los menores localizados en el lugar, 13 tenían golpes y quemaduras de cigarro, además se investiga el presunto abuso sexual del que cinco pudieron ser víctimas.

De acuerdo con el fiscal, los internos estaban hacinados y presentaban señales de golpes y tortura, y agregó que aunque las condiciones en el establecimiento eran infrahumanas, no se encontraron armas ni drogas, aunque sí “aparatos para torturar”.

“Estamos en el proceso todavía del operativo, encontramos condiciones de hacinamiento muy graves, encontramos también una alimentación infrahumana, demeritada.

“Y por supuesto que la instrucción que tengo del gobernador del estado, a quien yo le informé desde el primer momento, es de no solamente ir a fondo, sino de implementar, a la brevedad, una estrategia con la Secretaría de Salud y con Cofepris, para llevar a cabo una revisión integral de todos estos centros y evitar que suceda lo que el día de hoy encontramos”, refirió.

Tras las primeras indagatorias, la Fiscalía indicó que el lugar funcionaba a través de “aportaciones voluntarias” como la que supuestamente se había comprometido a entregar la mujer que promovió la denuncia ante las autoridades.

Además, en sus primeras declaraciones, algunos de los rescatados señalaron que estaban ahí contra su voluntad, pues fueron internados por la fuerza con la supuesta autorización de su familia.

Entre las irregularidades documentadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Salud están las condiciones insalubres en las que se preparaba la comida —muchas veces hecha con alimentos descompuestos— y la presencia de pulgas en camas y en la ropa de los internos.

Hasta la noche del martes continuaba el operativo en el que participaban elementos de la Fiscalía, la Secretaría de Salud y la Cofepris.

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Delitos

El fiscal aseguró que con la operación no se busca criminalizar la pobreza o alguna enfermedad adictiva, sino acreditar lo que sucedió en este sitio y posibles delitos que se hayan cometido.

En tanto se toman declaraciones de las personas albergadas en este sitio —comúnmente conocido como anexo y donde por lo general los adictos en tratamiento reciben la atención de adictos rehabilitados sin supervisión médica— la Fiscalía apoyará con alimentación, atención médica y sicológica a los internos, además de que se buscará a sus familiares.

El agente del Ministerio Público que tomó conocimiento del hecho ordenó el aseguramiento de los expedientes de los pacientes del albergue, además de que se recaban declaraciones de los vecinos sobre supuestas irregularidades y acciones violentas.