WASHINGTON (apro).- El gobierno de Estados Unidos emitió la designación de ‘narcotraficante más significativo’ en contra de Diana Espinoza Aguilar, alias Altagracia Espinoza Aguilar, presunta esposa del narcotraficante Rafael Caro Quintero.

Por medio de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, a Espinoza Aguilar se le acusó de realizar actividades financieras (lavado de dinero) a nombre del capo.

“La designación demuestra una vez más que el narcotraficante y fugitivo de la ley, Caro Quintero, depende mucho del respaldo de su mujer y otros miembros de su familia”, indicó en un comunicado John E. Smith, director interino de la OFAC.

“La Administración Federal Antidrogas (DEA) y el Departamento del Tesoro utilizarán cualquier herramienta que esté a su disposición para atacar y desmantelar a las organizaciones criminales y violentas, como la de Caro Quintero, quien es el responsable de la muerte, en 1985, del agente especial de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena”, destacó a su vez Jack Riley, subadministrador de la DEA.

Con la designación emitida contra Espinoza Aguilar, el Departamento del Tesoro confiscará todos sus bienes y congelará todas sus cuentas bancarias que se encuentren bajo la jurisdicción de Estados Unidos.

El gobierno del presidente Barack Obama aprovechó el anuncio de la aplicación de sanciones en contra de la mujer para reiterar su compromiso de llevar algún día ante la justicia a Caro Quintero por el asesinato del agente de la DEA, ocurrido en 1985.

Sobre ella destacó que con las acciones de la OFAC la exponen como una figura clave para las actividades de “tráfico de drogas y lavado de dinero”.

El Departamento del Tesoro aseguró que por años Espinoza Aguilar ha estado ligada al trasiego de drogas ilícitas. “En 2008 fue detenida en México con quien en ese entonces era su marido, un narcotraficante colombiano, y fue acusada de tráfico de drogas y lavado de dinero”, subrayó la OFAC.

En esa ocasión fue sentenciada y enviada a la prisión de Puente Grande, Jalisco, donde según el gobierno de Estados Unidos conoció a Caro.

“Espinoza Aguilar tiene registrados a su nombre varios bienes de Caro Quintero que fueron adquiridos con dinero procedente de la venta de drogas”, de acuerdo con la OFAC.

El gobierno estadunidense recordó que en 2000 el capo también fue designado por la OFAC como ‘narcotraficante más significativo’, que el fue uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara en la década de los setenta del siglo pasado, y que fue detenido, procesado judicialmente y sentenciado a 40 años de cárcel por su involucramiento en el asesinato de ‘Kiki’ Camarena.

“Mientras estaba en prisión mantuvo una relación con organizaciones del narcotráfico mexicano y utilizó a su red de familiares y otras personas que le funcionaron como frente para invertir su fortuna ilícita en empresas y bienes raíces legítimas en la ciudad de Guadalajara”, se lee en el comunicado de prensa.

La OFAC destacó que el 9 de agosto de 2013 Caro Quintero salio libre de la prisión de Puente Grande, Jalisco, cuando aún le faltan 12 años para cumplir su sentencia.

“Desde que fue liberado, Caro Quintero ha continuado su participación en el tráfico de drogas”, agregó.

Por su participación en el secuestro, tortura y asesinato de Camarena, una Corte Federal en el Distrito Centro de California quiere procesar y sentenciar a Caro Quintero, por lo que mantiene un pedido de extradición ante el gobierno de México.

La DEA, en tanto, continúa ofreciendo una recompensa de 5 millones de dólares por información que conlleve a la captura del legendario narcotraficante del Cártel de Guadalajara.

Con la designación a Espinoza Aguilar, la ley conocida como Kingpin Act. prohíbe a todo ciudadano o entidad de Estados Unidos tener cualquier relación y contacto con la presunta esposa de Caro Quintero.

La violación a esta ley en lo civil implica una multa de hasta un millón 75 mil dólares. Una acusación criminal en este contexto se puede castigar con una sentencia de hasta 30 años cárcel y una multa de hasta 5 millones de dólares para el caso de corporativos de empresas. Una acusación criminal por la Kingpin Act. para un civil podría ser sancionada con hasta 10 años de prisión.

Redacción Proceso 

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