En Veracruz entre el año de 2010 y 2015 se registraron al menos 10 mil 295 casos de violación sexual y otros delitos sexuales cometidos en contra de mujeres y niñas.

Las autoridades reconocen que ninguna accedió a una interrupción legal del embarazo (ILE) por violación, de acuerdo al informe presentado por el Grupo de Trabajo que investigó la solicitud de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en dicho estado.

Asimismo, durante el año pasado, 487 niñas de entre 10 y 14 años de edad dieron a luz en territorio veracruzano.

Esta situación es preocupante porque en la mayoría de estos casos los embarazos son producto de una violación.

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que los embarazos en este rango de edad las exponen a un riesgo eminente de salud y muerte, advierten el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; Equifonía, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres; Xochiquetzal, Centro de Estudios Sociales; Colectivo Akelarre; y Las Libres.

Otro problema grave para mujeres y niñas es la falta de acceso oportuno, efectivo y seguro a servicios especializados de salud (que incluye acceso a ILE) por la exigencia de requisitos adicionales a los legales y por prejuicios de los servidores públicos que las criminalizan, a pesar de la existencia de causales que lo permiten pues consideran el aborto como un tema de política criminal y no como un asunto de salud.

Cuando los servicios de aborto son inaccesibles o cuando las leyes de ILE son restrictivas, el Estado es responsable por la violación de los derechos de las mujeres y niñas.

El estado de Veracruz, al mantener una legislación restrictiva sobre el aborto viola el artículo 4 de la Convención de Belém do Pará al obligar a las mujeres y niñas a continuar con un embarazo producto de una violación, o cuando la vida de la madres está en riesgo, constituyendo una forma de tortura.

La iniciativa de reforma constitucional al artículo 4, presentada por el gobernador Javier Duarte, en la que se plantea la protección de la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos, no sólo expone la vida de las mujeres y niñas, sino es un retroceso frente a los avances en materia de derechos humanos en particular de sus derechos sexuales y reproductivos y no es consistente con el amplio marco legal de protección en el país, consideran.

El pasado 5 de abril, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Equifonía, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres, y otras Organizaciones de la Sociedad Civil de Veracruz presentaron una solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por agravio comparado con el objetivo de denunciar la situación de discriminación, criminalización y falta de acceso a los servicios que viven las mujeres y niñas veracruzanas.

“Hacemos un llamado urgente al Congreso del Estado, a no condenar a las mujeres y niñas veracruzanas a embarazos forzados que implican tortura y a generar leyes más protectoras de su vida y salud.

Finalmente, hacemos un llamado al Poder Ejecutivo del estado a crear un Programa estatal de interrupción legal del embarazo para garantizar una atención oportuna, adecuada, efectiva e integral para las mujeres y niñas que lo requieran, de conformidad de un marco normativo acorde con los estándares nacionales e internacionales en la materia.

Redacción El imparcial 

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