El pleno del Senado aprobó esta madrugada reformas en materia de justicia militar que, según expresaron en tribuna legisladores del PRD y PT, posibilitan que las autoridades judiciales castrenses violen derechos humanos de civiles y pasen por encima de recomendaciones y sentencias formuladas a México por organismos internacionales.

La mayoría PRI-PAN rechazó la moción suspensiva propuesta por el senador Alejandro Encinas, quién argumentó violaciones al reglamento del Senado, dada la celeridad con que se aprobó en comisiones esa minuta proveniente de la Cámara de Diputados, que permite a militares efectuar cateos en domicilios particulares, así como en oficinas del gobierno federal, de los poderes legislativo y judicial y de órganos descentralizados.

Las modificaciones al Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales, fueron aprobadas por 78 votos a favor y 20 en contra, luego de casi cuatro horas de discusión, en las que perredistas y petistas insistieron una y otra vez sobre los riesgos de aprobar esa reforma.

El senador Encinas insistió en el peligro de dar a los ministerios públicos militares la facultad de intervenir en tareas de inteligencia, de intervenir comunicaciones telefónicas y de darle la facultad de ordenar la presentación de civiles en juicios militares.

“No cometan esta fechoría que nos pone en riesgo a todos los mexicanos. Es una decisión peligrosa, recalcó a su vez Bartlett. Hizo notar que el Ejército ya está en todos los estados y ahora le van a dar más instrumentos para continuar con una función inconstitucional.

La senadora del PRD, Dolores Padierna, expuso a su vez, que al aprobar tales modificaciones, México está desafiando las recomendaciones y sentencias de organismos internacionales de protección a los derechos humanos, en materia de fuero militar y se abre la puerta a que los efectivos castrenses pudieran ser juzgados y sentenciados en un proceso penal militar por una conducta sólo como desobediencia.

“Nuevamente se pretende imponer vía fast track una reforma contraria al artículo primero constitucional, nuevamente se quiere garantizar la impunidad para militares que cometen delitos no vinculados a la disciplina militar y violaciones a los derechos humanos”, dijo.

Al ser sentenciados por un fuero castrense, están imposibilitados para ser juzgados por el fuero civil, lo que asegura na impunidad para los militares que cometan delitos contra civiles.

Los presidentes de las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, e panista Fernando Yunes y la priísta Graciela Ortiz, sostuvieron que se trata de una reforma que no puede esperar, a fin de adecuar la justicia militar al nuevo sistema penal acusatorio, próximo a entrar en vigor.

Insistieron en que se suprime los consejos de guerra, se crean los juzgados militares de control y tribunales militares de juicio oral, además de que se transforma a la Procuraduría de Justicia Militar en la Fiscalía General de Justicia Militar.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la perredista Angélica de la Peña, advirtió que todo ello es cierto, pero también lo es que organismos internacionales dan cuenta de graves violaciones a los derechos humanos, cometidas por el Ejército, al actuar en el combate al crimen organizado.

“Simplemente como botón de muestra es haber conocido un video que se filtró que pareciera es un modus operandi de cómo elementos del ejército torturan a una mujer de Guerrero”.

Ese caso, expuso a su vez el también perredista Armando Ríos Piter, debería obligar a los legisladores a no aprobar una reforma que da más facultades a los militares para para el cateo de los domicilios de las personas, así como la invasión de sus comunicaciones privadas y aspectos graves como la comparecencia de civiles en la jurisdicción militar, así también es necesario señalar aquellos actos de investigación tan amplios que no requieren de control judicial.

PRI y PAN rechazaron todas las reservas presentadas y la reforma se aprobó en lo general y lo particular a la una y media de la madrugada y fue turnada al presidente de la república, para su promulgación.

Más tarde, sin discusión, el Senado aprobó por 90 votos a favor y cuatro en contra la nueva Ley para Sancionar y Prevenir la Tortura y Tratos Inhumanos, Crueles y Degradantes. La senadora del PT, Layda Sansores, anunció el voto en contra de su bancada, por la prisa con que se dictaminó, ya que apenas horas antes se aprobó en comisiones. “Es una verguenza legislar con tantas prisas, ni siquiera se sabe lo que contiene la ley, dijo.

La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados, cerca de las tres horas de la madrugada de este viernes.

Fuente: La Jornada

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