Un grupo de expertos de la CIDH denunció “obstrucciones” del gobierno mexicano y supuestos casos de tortura, además de cuestionar la actuación de fuerzas federales al presentar este domingo su informe final sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos terminó así un año de trabajo sin que se conozca el destino de los estudiantes, desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

La misión del GIEI concluye el 30 de abril ante la negativa del Gobierno, en abierta confrontación con los expertos, a autorizar un tercer mandato. James Cavallaro, presidente de la CIDH y que recibió este domingo el informe, lamentó la actuación estatal.

La misión del GIEI culmina “a pesar de que los objetivos permanecen incumplidos, principalmente lo que se refiere a la ubicación de los estudiantes”, dijo Cavallaro, quien se quejó de la no asistencia de funcionarios a la presentación.

Según la fiscalía, los jóvenes fueron atacados por policías municipales y entregados al cártel Guerreros Unidos

En 605 páginas, el informe critica las mecánicas de trabajo de la Procuraduría General (fiscalía), el lento sistema penal y denuncian presuntas torturas a 17 de los 123 detenidos.

Para Amnistía Internacional, el documento revela la determinación del Gobierno mexicano de esconder “debajo de la alfombra” la tragedia. “Las autoridades mexicanas están enviando el peligroso mensaje de que cualquiera puede desaparecer en México sin que se haga nada al respecto“, dijo la directora para América de la organización, Erika Guevara-Rosas..

Los asistentes a la presentación del informe, entre ellos familiares de los desaparecidos y activistas, enumeraron del 1 al 43 y clamaron en un potente coro: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”. Al final, acusaron de “asesino” al presidente Enrique Peña Nieto.

Los expertos detallaron “obstrucciones” a su investigación que limitaron “de forma muy importante las posibilidades de avance”, y denunciaron una “fuerte campaña mediática” en su contra.

Peña Nieto dijo en Twitter que su Gobierno “agradece” al GIEI y que la fiscalía analizará el informe para “enriquecer” su investigación.

La ex fiscal guatemalteca Claudia Paz señaló que había una buena coordinación con autoridades, pero “a partir de enero esta actitud de colaboración cambió y las diligencias de investigación fueron innecesariamente dilatadas o rechazadas”.

Eber Betanzos, titular de la subprocuraduría para derechos humanos de la Fiscalía, aseguró en un mensaje a periodistas que se colaboró con el GIEI, que resolvieron 85% de sus peticiones, que atenderán sus recomendaciones y que brindarán “a la CIDH toda la información general para el seguimiento” del caso.

Según la fiscalía, los jóvenes, que se hicieron de autobuses para sus movilizaciones, fueron atacados por policías municipales de Iguala y Cocula y que los habrían entregado al cártel Guerreros Unidos. En el asalto, murieron tres estudiantes y otras tres personas.

La denominada “verdad histórica” de la fiscalía indica que los jóvenes fueron asesinados por narcotraficantes que incineraron sus cuerpos en el basurero de la vecina Cocula y arrojaron las cenizas a un río cercano.

Pero los expertos insistieron en que no hay evidencia científica de un gran incendio y denunciaron que los peritos que avalarían parcialmente la versión oficial dijeron que “no podían dar esa información porque habían suscrito una cláusula de confidencialidad”, según denunció el abogado chileno Francisco Cox.

El GIEI demanda investigar la supuesta existencia de un militar en ese batallón apodado “El Satánico” y que traficaría armas para Guerreros Unidos. Explicó, además, que hay testimonios de “la presencia de la policía federal en el escenario del Palacio de Justicia” de Iguala, donde un autobús fue atacado y los jóvenes golpeados y subidos a patrullas.

El GIEI insisten en que la físcalía no ha investigado lo suficiente un quinto autobús presuntamente cargado de droga que iría a los Estados Unidos, aunque, según los fiscales, en ese vehículo no se hallaron evidencias.