Ciudad de México— Con acusaciones de que enfrentaron “obstrucciones” del gobierno, cuestionamientos a la actuación de fuerzas federales y denuncias de supuestos casos de tortura contra detenidos, los expertos de la CIDH que coadyuvaron en investigar la desaparición de 43 estudiantes en México presentaron su informe final.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) termina así un año de trabajos sin que se conozca el destino de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero (sur).

La misión del GIEI finaliza el 30 de abril ante la negativa del Gobierno, ya en un abierta confrontación con los expertos, a una tercera renovación del mandado.

James Cavallaro, presidente de la CIDH y que recibió este domingo en un acto público ante cientos de personas el informe de los expertos, lamentó la actuación del gobierno mexicano.

La misión del GIEI culmina “a pesar de que los objetivos permanecen incumplidos, principalmente lo que se refiere a la ubicación de los estudiantes desaparecidos”, dijo Cavallaro al lamentar también que no hubo representantes gubernamentales en esta presentación.

En el informe de 605 páginas, los expertos critican las mecánicas de trabajo de la Procuraduría General (fiscalía), la lentitud del sistema penal y denuncian presuntos casos de tortura contra hasta 17 de los más de 100 detenidos por el caso.

Los asistentes, entre familiares de desaparecidos y activistas, enumeraron del 1 al 43 para luego clamar en un potente coro: “¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!”. Al final, acusaron al presidente Enrique Peña Nieto de “asesino”.

El documento detalla “obstrucciones” a su investigación, lo que “limitó de forma muy importante las posibilidades de avance” y denuncia una “fuerte campaña mediática” en su contra.

Obstáculos

La exfiscal guatemalteca Claudia Paz señaló que en un principio hubo una buena coordinación con las autoridades, pero “a partir de enero esta actitud de colaboración cambió y las diligencias de investigación fueron innecesariamente dilatadas o rechazadas”.

El gobierno ha sostenido en los últimos días que el GIEI ha tenido pleno acceso a la investigación.

Según la fiscalía, los jóvenes, que se hicieron de autobuses para sus movilizaciones, fueron atacados la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías municipales de Iguala y Cocula, que los habrían entregado al cartel Guerreros Unidos.

En el asalto murieron tres estudiantes y tres personas que estaban en la zona.

La denominada “verdad histórica” que defiende la fiscalía es que los jóvenes fueron asesinados por narcotraficantes, incineraron sus cuerpos en el basurero de la vecina Cocula y arrojaron las cenizas a un río cercano.

Pero los expertos insistieron en que no hay evidencia científica de un gran incendio y denunciaron un obstáculo más cuando pidieron detalles del último peritaje de fuego que avalaría parcialmente la versión oficial.

Los expertos dijeron que “no podían dar esa información porque habían suscrito una cláusula de confidencialidad” con la fiscalía, denunció el abogado chileno Francisco Cox.

El psicólogo español Carlos Beristain dudó de la confiabilidad de los testimonios de los detenidos en este caso ya que encontraron, según dijo, “indicios significativos de malos tratos y torturas”.

Reportes médicos muestran que 17 de los detenidos fueron golpeados, mientras algunos alegaron que recibieron choques eléctricos en sus testículos o lengua, y que autoridades pusieron bolsas de plástico sobre sus cabezas.

‘El Satánico’

Sin acusar directamente a fuerzas federales, el documento enumera “nuevos datos” sobre la presencia en la zona y posible participación de agentes de la “policía federal en un retén” y que se observó “a un agente de inteligencia del ejército” cerca de uno de los autobuses atacados.

Uno de los mayores reclamos del GIEI es la negativa del gobierno a entrevistar nuevamente a 17 detenidos y a interrogar directamente a elementos del 27 batallón del Ejército destacado en la zona.

Paz sostuvo que los militares “desde temprana hora” estuvieron al tanto de las movilizaciones estudiantiles y que mandaron incluso a elementos a indagar.

Un nuevo elemento que el GIEI demanda sea investigado es la supuesta existencia de un militar del 27 batallón apodado “El Satánico” y que traficaría armas para Guerreros Unidos.

Explicó además que se cuentan con testimonios de “la presencia de la policía federal en el escenario del Palacio de Justicia” de Iguala, donde un autobús fue atacado y los jóvenes habrían sido golpeados y subidos a patrullas de Iguala y Huitzuco.

El informe cita también testimonios de sobrevivientes que señalan a policías federales de haberles apuntado con armas cuando bajaban de uno de los autobuses, mientras que chicos de un equipo de fútbol que pasaban por la zona y que también fueron atacados los acusan de no asistir a los heridos.

El informe señala que el móvil del ataque aún es incierto. Rechaza los alegatos de que los estudiantes buscaban irrumpir en un evento político o que estaban penetrados por narcotraficantes rivales de los Guerreros Unidos.

Los expertos insisten en la probable existencia de un quinto autobús presuntamente cargado de droga que iría a tendría como destino Estados Unidos, pero lamentan que esta línea no haya sido investigada y que no se haya solicitado cooperación de autoridades estadounidenses.

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