BUENOS AIRES, Argentina, abr. 13, 2016.-  La ex presidenta argentina Cristina Fernández sostuvo este miércoles que es víctima de una persecución política y judicial que busca enviarla a prisión, al presentarse ante un juez federal que la investiga por supuesto fraude al Estado.

Acompañada por su abogado, Fernández, quien gobernó entre 2007 y 2015, se negó a declarar ante el magistrado Claudio Bonadío y se limitó a presentar un escrito en que dijo que “sólo a través de un ejercicio abusivo del poder jurisdiccional esta causa pudo ser llevada adelante”.

Bonadío citó a indagatoria a la ex mandataria como sospechosa de haber participado en una maniobra por la cual el Banco Central ofreció dólares a un precio mucho más bajo que el valor de mercado para entregar el 31 de marzo, bajo un nuevo gobierno. Según el juez, esto le causó al Estado una pérdida de unos 77.000 millones de pesos (unos 5.273 millones de dólares al cambio actual).

En las inmediaciones del edificio, miles de seguidores brindaron su apoyo a la ex dirigente peronista bajo una lluvia torrencial. Entre los congregados con carteles que rezaban “No la toquen a Cristina”, “Fuerza Cristina” y “Vamos a volver” estaban jóvenes de la agrupación La Cámpora, dirigida por Máximo Kirchner, hijo de la ex mandataria, miembros del opositor Frente para la Victoria (FPV), agrupaciones sociales como Descamisados y sindicatos izquierdistas.

Fernández refutó la acusación de “asociación ilícita” que pesa sobre ella, que contempla penas de cinco a 20 años de prisión, al sostener que “es otra muestra de la arbitrariedad con que ha procedido” Bonadío “y revela además la intención del gobierno con la colaboración  imprescindible del Poder Judicial de `plantar’, a quien suscribe, una causa penal que me prive de la libertad”.

En el escrito, que fue publicado en su página oficial de Facebook y difundido por la prensa local, Fernández manifestó: “Como ya lo he dicho públicamente y reitero una vez más: no les tengo miedo.  Afrontaré este proceso y cualquier otro que quieran fabricarme”.

Según indicó, la operación de venta de dólar futuro “no produjo en el Banco Central, tal como lo reflejan  sus balances, pérdida alguna y sólo puede hablarse de efectos disvaliosos (sic) a partir exclusivamente de las decisiones que tomaron las actuales autoridades al devaluar”, afirmó en referencia a la fuerte depreciación del peso ocurrida a fines de diciembre cuando su sucesor, el conservador Mauricio Macri, levantó las restricciones al mercado de cambio que había impuesto Fernández durante su último mandato.

La otra acusación contra Fernández, fraude en perjuicio de la administración pública, contempla penas de dos a seis años de cárcel.

“Es vergonzoso, es una causa política”, dijo a The Associated Press Paula Aiello, integrante del Partido Humanista, aliado del FPV, que fue a dar su apoyo a Fernández. “La justicia es un poder político en Argentina, funciona como una corporación, es similar a lo que están haciendo con Lula”, dijo la joven en referencia a la investigación judicial por supuesta corrupción contra el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Luego de la indagatoria, Bonadío tiene unos 10 días para decidir si la procesa o la libera de cargos. Fernández no posee fueros que le garanticen inmunidad.

Tras la asunción de Macri el 10 de diciembre de 2015, el cerco judicial se estrechó sobre Fernández y varios funcionarios de su administración, en ocasiones por jueces que tenían frenadas las causas y que con el cambio político las activaron.

Fernández tiene otros frentes abiertos en la justicia, entre ellos la imputación por un fiscal por presunto lavado de dinero luego de que un detenido, acogido a la figura del arrepentido, la involucrara en esa maniobra irregular junto a su marido y antecesor en el cargo Néstor Kirchner (2003-2007).

Bonadío la investigó en 2015 para determinar si incurrió en lavado de dinero mediante el supuesto alquiler ficticio de habitaciones de sus hoteles en la Patagonia al contratista de obra pública Lázaro Báez, muy cercano a ella y a su difunto marido.

A pedido de la defensa de la familia Kirchner, el magistrado fue apartado de la causa por un tribunal al considerar que cometió irregularidades y la investigación está en manos de otros jueces que no han tomado por el momento ninguna medida procesal contra la ex mandataria.

Al sentirse víctima de una ofensiva kirchnerista, Bonadío, quien en otras ocasiones ha sido denunciado ante el Consejo de la Magistratura por su proceder en otras investigaciones, afirmó que podía ser víctima de un asesinato. “Si aparezco suicidado, busquen al asesino; no es mi estilo”, señaló.

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