Por: Mario Medina

Como es ya del dominio público, en días pasados fue aprobada la LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA PUBLICA EN EL ESTADO DE MEXICO, la llamada “Ley Eruviel”, dicho instrumento legal ha sido cuestionado duramente por diversas voces, líderes sociales, activistas, defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, estatales, nacionales e internacionales, coinciden en que esta ley, es un tentáculo más del pulpo represor llamado Gobierno del Estado de México.

¿Pero que hace controvertida esta Ley? En mi opinión, es la puerta para legalizar y exonerar los abusos de la autoridad, tanto de los titulares de los gobiernos municipales, como del ejecutivo estatal y hace de la represión un mecanismo “legaloide”, su cuerpo legal concentra 52 artículos, contenidos en XV capítulos, pretendiendo regular el uso de la fuerza pública, haciendo del criterio del policía, el único elemento subjetivo del actuar de los cuerpos policiacos, en diversos momentos y bajo ciertos supuestos.

La policía estatal de la entidad; es una de las peor calificadas del país, interminables resultaron los mecanismo de evaluación policial, como los denominados exámenes de control de confianza, tanto que al día de hoy, no existen cifras oficiales que nos puedan decir con certeza, que porcentaje de las policías municipales y estatales fueron sometidos a dichos exámenes y que sucedido con las personas que no aprobaron las evaluaciones, son los policías municipales y estatales, los que concentran el mayor número de quejas a violaciones de derechos humanos en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, son con esos elementos policiacos con lo que se pretende regular el uso de la fuerza pública.

La parte que concentra la mayor controversia, se da en el Capítulo II, artículos 14, 15, 16 y 17, que dan la facultad a los elementos policiacos de calificar una manifestación o protesta social de legal o ilegal; dicho calificativo determinara el grado del uso de la fuerza con la que se actué en esos supuestos, bastara con que algún integrante de la protesta o manifestación emita consignas que impliquen “amenazas” para intimidar a la autoridad para que sea calificada de ilegal y se haga uso de la fuerza pública con brutalidad, pero ahora apegada y justificada en la norma.

Hay que recordar que esta Ley, fue presentada por el titular del ejecutivo estatal, el gobernador Eruviel Ávila Villegas, en diciembre del año pasado. El proceso de discusión, no contemplo ni considero la opinión de expertos en materia de derechos humanos y seguridad pública, cosa que puede corroborarse en las versiones estenográficas del trabajo en comisiones, esto hace a esta Ley producto del razonamiento unipersonal de la clase política que se negó a ser acompañada por la sociedad y expertos en la materia, haciendo evidente el divorcio y alejamiento que existe de la clase gobernante frente a la sociedad, irónicamente siendo esta ultima la que elige por medio del voto a sus gobernantes, quienes tienen como máxima la representación popular.

Esta Ley fue aprobada por la mayoría opositora al PRI, las bancadas del PAN, MC, PVEM, NA, ES y PRD, no solo votaron a favor esta ley, sino asumieron a ultranza el contenido de la misma, incluso contradiciendo a sus dirigencias partidistas, algunos rayando en la necedad y en la firme convicción de que la Ley en cuestión no ponía en riesgo ninguna libertad o derecho alguno.

Pese a la negación de la inconformidad social, el Poder Legislativo del Estado de México, minimizo en todo momento esta bola de nieve que llevo al titular del Ejecutivo Estatal Eruviel Ávila Villegas a anunciar la solicitud a la Legislatura para que promueva ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México.

Esta definición política del gobernador Ávila Villegas hace evidente su vocación intervencionista de poderes, y reafirma desde su titularidad del Poder Ejecutivo su vocación “legislativa”, dejando en ridículo a 75 legisladores que hoy tiene que pagar el costo político de no contribuir al principio de división de poderes, acotándolos a súbditos del poder ejecutivo.

Ante estos acontecimientos los mexiquenses asumimos con plena claridad que en nuestra entidad vivimos un régimen autoritario y represor, donde las leyes se dictan desde la voz de un monarca, que según sea la circunstancia manipula cualquier poder, llámese, judicial, legislativo o ejecutivo.

El origen o la causa que motiva a Eruviel recular esta ley, es multifactorial, donde bajo su óptica de Estado autoritario, es ganar, ganar, primero aspiran con esta decisión arrebata la bandera de inconformidad social ante esta multicitada ley, frenan cualquier intento de poder equiparar su gobierno y su figura de gobernante a la de sus homónimos en Estados como Veracruz, Chihuahua o Quintana Roo, esta decisión le permitirá lavarse la cara que el mismo ensucio, pero no debemos bajo ninguna circunstancia entender este acto como el fin de esta historia, sino todo lo contrario, esta polémica Ley nos permitió a los mexiquenses entender que todo un país está atento a lo que sucede en el Estado más poblado de la nación y que representa la cuna de la clase gobernante estatal y nacional.

Hoy más que nuca debemos evidenciar el régimen de gobierno que hace a nuestro estado el más violento e inseguro del país, donde la desigualdad social es cruda y evidente, la corrupción e impunidad un habito gubernamental, la clase política gobernante que engloba a todos los partidos políticos, desde el más perverso hasta la MORENA más pura, no han logrado observar  ni valorar el activismo social apartidista que  gesta toda una ola de hartazgo e inconformidad que necesitaba una chispa para poder reconocerse los unos a los otros y así poder dar inicio a una profunda transformación político social que reclama la sociedad mexiquense.

Advertisements

¿Qué te parece?