Recientemente se celebró la Cuarta Reunión Regional Interinstitucional de Prevención al Asalto del Autotransporte de Pasaje y Turismo, en donde los representantes de diversas líneas de autobuses y de unidades de transporte público, denunciaron que los municipios de Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Los Reyes La Paz, San Vicente Chicoloapan, Ixtapaluca y Tlalnepantla, son los más peligrosos debido a que la incidencia delictiva en el transporte de pasajeros ha aumentado un 300 por ciento desde el año 2008 a la fecha.

El líder transportista, Guadalupe Uribe Guevara, afirmó que el territorio mexiquense es escenario de ejecuciones, hallazgos de cadáveres, y balaceras en las calles, en casi la totalidad de sus municipios, lo que asevera que el territorio del estado es uno de los principales focos rojos y de inseguridad en el país, pues ahora los operadores de las unidades y pasajeros han sido víctimas no sólo del robo de dinero y de objetos personales, sino que es cada vez más frecuente que sean asesinados por resistirse. Por todo ello, han pedido a las autoridades estatales que se realicen acciones más concretas para combatir este tipo de delitos que siguen a la alza.

Ahora bien, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública más reciente, emitida por el INEGI en el año 2014, los delitos más frecuentes que se cometen en el Estado de México son el robo en sus diversas modalidades –transeúnte, a bordo de transporte público, de vehículo, interior de vehículo, etc.- la extorsión, entre otros, ubican a nuestro Estado con un aumento del 63.9 de la tasa de delitos por cada cien mil habitantes, el incremento mayor de todas las entidades federativas, mientras que las víctimas aumentaron un 16.4 por ciento.

Los datos referidos nos deben poner en alerta, pues son reveladores de una política fallida en seguridad pública, pues de nada han servido los operativos sorpresa para revisar a los ciudadanos que viajan en el transporte público o la instalación de botones de pánico y de cámaras; por lo que se requiere entonces de un nuevo modelo de seguridad donde en primer término, se realice un abatimiento de la impunidad, la disminución de la corrupción, la creación de un banco de datos público de dueños de unidades de transporte público y de choferes, la restructuración de rutas, entre otras acciones que atacan el problema para disminuirlo considerablemente, pero lo más importante es que lo previenen.

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