60 por ciento de los internos pagaban extorsiones de 500 a 2 mil pesos por semana
Tres advertencias se hicieron al entonces gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz: la primera vino de la Sección Segunda de la Séptima Zona Militar, la segunda por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la tercera de organizaciones de derechos humanos.

Ninguna bastó para que el otrora gobernador llevará a cabo la organización del Penal del Topo Chico donde desde hace bastantes años gobiernan Los Zetas, quienes extorsionabas a los familiares de los reos para evitar el asesinato o los golpes en contra de los internos.

Los militares informaron a Medina que gracias a la complicidad de las autoridades penitenciarias, los Zetas obtenían hasta 15 millones mensuales por el cobro de cuota o la venta de drogas, así como negocios colaterales, mismos que financiaban la guerra del narco en la entidad.

La UANL publicó el libro “Prisión y familia: retos para la cohesión social y el desarrollo del siglo XXI” donde se documentaba la tragedia de los familiares de reos en los penales nuevoleonenses.

Como si esto no fuera suficiente, las organizaciones advirtieron que las cárceles se estaban volviendo una bomba de tiempo por la coexistencia de reos del crimen organizado y los detenidos por delitos comunes.

Los militares incluso fueron más específicos: cinco millones de los ingresos de Los Zetas en Topo Chico iban a parar a los bolsillos de custodios, jefes de guardia comisarios o los directivos del centro de reclusión, además se presuponía que uno de los beneficiarios era la oficina de la Secretaría de Seguridad Pública.

Fuente: Vanguardia

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