Organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y líderes de opinión, presentaron el proyecto de Ley General de Responsabilidades Administrativas, actualmente conocida como “Ley tres de tres”, que busca prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción cometidos por servidores públicos, ya sean designados o electos.

Luego de advertir que la corrupción cuesta anualmente a nuestro país cerca de 347 mil millones de pesos, el Instituto Mexicano para la Competitividad, Transparencia Mexicana, el CIDE, el ITAM, la COPARMEX, entre otros, signaron dicho proyecto de Ley que es complementario al Sistema Nacional Anticorrupción, y aprovecharon para convocar a los ciudadanos del país con la finalidad de obtener su firma, a fin de alcanzar 120 mil, que es el número mínimo requerido para presentar formalmente una iniciativa ciudadana ante el Congreso de la Unión.

Dentro de la exposición de motivos se propone establecer como una obligación de los servidores públicos, entre ellos Diputados, Senadores, Alcaldes, Gobernantes, y el Presidente la República, que cubran de forma obligatoria: la declaración patrimonial, donde tendrán que manifestar cuántos bienes tienen; la de intereses, donde especificarán en dónde han trabajado, quiénes son sus amigos más cercanos; y la declaración fiscal.

La finalidad primordial de esta propuesta es reconstruir el Sistema de Responsabilidades para los Funcionarios Públicos; con ello se ayudará a combatir la impunidad y la corrupción, pues  tiene herramientas claras que tipifican diversos actos de corrupción, sanciones económicas y punitivas para todos por igual, desde empresas del sector privado, hasta políticos.

Así mismo, refleja no sólo el enojo de los ciudadanos en contra de sus políticos y gobernantes, sino que con el proceso de formulación, de convocatoria al ser parte de ella firmándola, hasta el momento en que se discuta y se apruebe, se traduce en el instrumento ciudadano histórico donde no solo los mexicanos nos molestamos y criticamos el actuar de los funcionarios, sino que finalmente pasamos a la acción.

Segura estoy que somos muchos los que nos sumaremos a esta propuesta y al ser parte de ella habrá un compromiso permanente de vigilancia y participación en dignificar a la política y a la función pública. Así que si todavía no firmas, hazlo de inmediato.

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