Un juez ordenó la libertad condicional a Humberto Moreira, pero le retiran el pasaporte, por lo que no podrá salir de territorio español. 

El juez español tomó declaración al expresidente del mexicano Partido Revolucionario Institucional (PRI) Humberto Moreira, detenido la semana pasada en Madrid acusado por un delito de blanqueo.

Moreira fue detenido en virtud a una orden de búsqueda y captura dictada por la Fiscalía Anticorrupción, que le investiga por el supuesto lavado de 200.000 euros (unos 216.000 dólares) en España que podrían proceder del narcotráfico o de delitos de malversación de fondos públicos.

A Moreira se le arrestó aprovechando que visitaba España cada dos o tres meses, después de haber residido por un tiempo en la localidad de Sant Cugat del Vallés, próxima a Barcelona (noreste), donde mantiene alquilada una vivienda por 3.000 euros (unos 3.250 dólares) al mes.

Los investigadores sospechan que el detenido usó varias empresas para blanquear esos 200.000 euros, un dinero que obtuvo en México a través de mecanismos supuestamente ilegales y luego transfirió a España.

En su comparecencia de hoy ante el juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz, éste le tomará declaración por los hechos de los que se le acusa y tendrá que ratificar la medida de prisión provisional que adoptó el pasado viernes el juez de guardia.

A Moreira se le relaciona con los hermanos Raúl y Rolando González Treviño, considerados por la justicia estadounidense como “blanqueadores” de dinero para cárteles de la droga de México.

La Fiscalía Anticorrupción española y el juez Pedraz llevaban varios meses detrás de la pista de Moreira y los fiscales y el magistrado llegaron a viajar dos veces a Texas (EE.UU.) para intercambiar información con las autoridades estadounidenses sobre Moreira, investigado también en ese país.

Humberto Moreira, que fue gobernador del Estado mexicano de Coahuila (2005-2011), lideró el PRI de marzo a diciembre de 2011, cuando dejó la presidencia al verse involucrado en el caso de la supuesta contratación irregular de deuda pública durante su Gobierno en Coahuila.

En 2013, se conoció que residía en Sant Cugat del Vallés, localidad a la que, según sus propias declaraciones, se trasladó después del asesinato de su hijo José Eduardo el 3 de octubre de 2012, al parecer a manos de presuntos miembros del grupo criminal de Los Zetas

  
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