Tamaulipas, Estado de México y Nuevo León son las tres entidades con más casos registrados de personas desaparecidas o no localizadas en México, país que suma un total de 27,638 casos, de acuerdo con un informe de Amnistía Internacional (AI) difundido este jueves.

En el reporte “Un trato de indolencia. La respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México”, se indica que en Tamaulipas se contabilizan 5,705 personas desparecidas, 2,693 en el Estado de México y 2,246 en Nuevo León.

Esos datos, apunta AI, tienen como fuente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Sin embargo, la organización advierte que en el país no hay claridad acerca de cuántas de estas personas han sido sujetas a desaparición forzada (es decir, con participación de agentes estatales), cuántas a desaparición a manos de actores no estatales, como el crimen organizado, y cuántas se han ausentado voluntariamente.

Además, agrega, “en México la mayoría de los delitos permanecen sin ser denunciados, por lo que no se conoce la magnitud real del problema y la cifra oficial podría estar subvalorando la gravedad del asunto”.

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En septiembre del año pasado, un reporte de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Procuraduría General de la República (PGR) indicó que México había finalizado 2014 con el registro de 25,230 personas desaparecidas.

Desinterés e impunidad

En su informe, AI critica que en el país la búsqueda de las personas desaparecidas es deficiente e inicia tarde, y que en muchos casos el trato de las autoridades hacia las familias de los desaparecidos es hiriente y de un profundo desinterés hacia su situación.

“Los casos de desapariciones rara vez se esclarecen o los responsables son llevados ante la justicia. La impunidad prácticamente garantizada a las personas responsables de estos delitos es un fuerte incentivo para que se sigan cometiendo”, indicó la organización.

El gobierno, apuntó Amnistía Internacional, anunció en diciembre de 2015 la iniciativa de una Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas, que regule la actuación de todas las autoridades mexicanas (federales, estatales y municipales) respecto al tema.

Esa legislación, menciona AI, “debe abarcar medidas de asistencia a las familias, una declaración de ausencia para proteger a la persona desaparecida y su familia, y medidas de reparación integral”.

La organización expresó que es urgente que el Estado mexicano reconozca la magnitud del problema y asuma plenamente su deber de investigar todos los casos de desapariciones y desapariciones forzadas ocurridas en el país, ya que no ha brindado atención adecuada para atender estas afectaciones, o lo ha hecho de forma parcial y poco eficaz.

“La incapacidad del gobierno mexicano para llevar a cabo investigaciones mínimamente adecuadas sobre las desapariciones pone en grave peligro a miles de personas”, dijo Érika Guevara-Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América.

“Por desgracia, las desapariciones han pasado a ser algo tan habitual en todo México que prácticamente ya forman parte de nuestra vida cotidiana. En las contadas ocasiones en que realmente se llevan a cabo investigaciones, casi no pasan de ser una mera formalidad para aparentar que se está haciendo algo”, agregó.

En su reporte, Amnistía Internacional ejemplificó el problema de las desapariciones en el país y las indagatorias deficientes con un par de casos: el de los 43 normalistas de Ayotzinapa, atacados por policías municipales el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero; y el de las personas desaparecidas en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua.