Desde el sexenio de Felipe Calderón hasta el gobierno actual, ante la crisis de seguridad pública que enfrentamos existe un tema que se ha puesto en boga: el mando único policial.

Es de suma importancia explicar que existen diversos modelos de mando único, pero el que actualmente propone el gobierno federal es una absoluta centralización de las policías, plantea básicamente 3 puntos: primero, los municipios no tendrán ya más funciones policiales, pues estarán a cargo de la federación y de las entidades federativas; segundo, el municipio tendrá que aportar dinero público, bienes materiales para el desarrollo de estas funciones al gobierno estatal; y tercero, homologación de criterios y procedimientos en la selección de agentes, determinar remuneraciones mínimas, protocolos de actuación, su existencia y permanencia.

Para que este cambio sea una realidad sin problemas de constitucionalidad, se ha planteado una reforma a siete artículos de la constitución, el cambio se realizará poco a poco abarcando diversos estados, y nos costará nueve mil millones de pesos.

Lo cierto es que es muy poco probable que estos tipos de cambios puedan funcionar simplemente porque las policías se encuentran infiltradas en diversas organizaciones criminales que ocupan todo el territorio nacional, los requisitos de ingreso y la capacitación varían de acuerdo a los municipios, los municipios en su totalidad no han resuelto la problemática de sus elementos policiacos en exámenes de control de confianza, no existe una base de datos nacional segura sobre la totalidad de los elementos activos con historial actualizado de cada uno de ellos, no hay un programa nacional de profesionalización en temas de seguridad pública, no existe un embate público de combate a la corrupción e impunidad, y por lo tanto sería dar una aspirina a un cáncer.

Este modelo que se propone es muy similar al de actuación policiaca colombiana, pero recordemos que Colombia es un estado unitario, es decir, tiene todo concentrado en un centro de poder político; mientras que México es una federación compuesta por estados cuyo gobierno tienen sus propias leyes, es decir, autonomía, con municipios que gozan de la misma. En pocas palabras y guardando las debidas proporciones, dar pasos atrás centralizando el poder de entidades que no rinden cuentas de manera clara, hará que el problema de seguridad pública se agudice, pues primero hay que realizar otras acciones antes de creer que esta reforma es una varita mágica que resolverá el problema con sólo cambiar nuestra Constitución.

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