El alcalde de Chilpancingo, Guerrero, Marco Antonio Leyva, presentó este miércoles una denuncia y pruebas ante la Procuraduría General de la República (PGR) por amenazas del crimen organizado que ha recibido él y su familia.

El alcalde, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), informó que, 15 días después de que en septiembre inició su gestión, comenzó a recibir amenazas vía telefónica y mensaje de texto en al menos seis ocasiones.

“De esta situación ya está la autoridad enterada, ya hemos firmado y ellos harán las investigaciones correspondientes”, dijo en entrevista tras presentar su denuncia ante la delegación de la PGR en la capital del estado.

Leyva proporcionó a los fiscales los números telefónicos de los cuales recibió las amenazas, tanto a él como a su familia.

“Con los números (telefónicos) harán las investigaciones y las amenazas. Tienen que ver con la integridad de mi familia, la integridad personal y de alguna manera lo he dicho, y lo voy a seguir diciendo, estas cosas va implícito con el cargo y uno tiene que actuar con responsabilidad”, dijo.

El alcalde priista explicó que en esas amenazas los criminales exigen que el gobierno de Chilpancingo les otorgue beneficios económicos.

“Exigencias económicas, de que la autoridad afloje sus modelos institucionales para que ellos (el crimen) pueda penetrar y ser parte del municipio, del gobierno, este cargos no han pedido todavía”, agregó.

Desde la semana pasada “reforzó” su seguridad personal, al igual que la de su familia, y el gobernador del estado, Héctor Astudillo, conoce del caso, afirmó el alcalde.

Leyva convocó a otros presidentes municipales a denunciar la autoridad federal si han recibido amenazas por parte del narcotráfico.

En octubre pasado, el coordinador de los alcaldes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el estado, Pablo Higuera, reveló que al menos seis ediles de las regiones Centro y Norte de Guerrero habían sido amenazados por la delincuencia organizada.

El 7 de noviembre, en un evento con 78 de los 81 alcaldes de Guerrero, el propio gobernador Astudillo les pidió reforzar su seguridad personal.

“Si alguien ya fue amenazado, dígalo, porque es mejor que se sepa internamente, de manera cuidadosa, a que al rato vaya a pasar algo y no lo hayan dicho. Les convoco de la manera más atenta que lo hagan saber, que se cuiden, cuídense mucho”, alertó en esa reunión.

La violencia en Guerrero se ha recrudecido en los últimos días en el estado. El último caso es el secuestro de 22 pobladores de Arcelia y Ajuchitlán del Progreso, presuntamente tomados por criminales. Cinco víctimas son maestros de nivel secundaria.

Ante esta situación, el propio fiscal general guerrerense, Xavier Olea, reconoció que no tiene el equipo necesario para “avanzar” y atacar esos hechos de violencia, por lo que dijo “no puede cumplir a la ciudadanía” porque no cuenta con los recursos suficientes.

Guerrero, entidad ubicada al sur de México, es uno de los estados más violentos del país, según el Informe de Víctimas de Homicidios, Secuestro y Extorsión de 2014, que colocó a la entidad con la cifra más alta de homicidios dolosos: 48 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que la media nacional es de 12.

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