La expansión de la violencia criminal, de grupos delictivos, y también de las operaciones militares diseñadas para combatirlos, han sido la causa fundamental de un aumento permanente, en los pasados 10 años, del desplazamiento interno de decenas de miles de mexicanos. Seis de cada 100 mexicanos han decidido dejar su estado natal por razones de inseguridad y violencia, según estimaciones oficiales.

Fenómeno muchas veces desapercibido y casi invisible, con una ausencia de leyes, políticas e instituciones para atender a las víctimas de manera integral, este desplazamiento se confunde con mucha frecuencia con las migraciones intraurbanas y rurales-urbanas, lo cual dificulta su identificación. Esta realidad, presente de manera notoria en cuando menos la mitad de los estados, agrava la ya profunda crisis de derechos humanos que vive el país.

Para el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, en el caso de México, este fenómeno aumentó de manera alarmante desde diciembre de 2006, cuando el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra los cárteles de las drogas en México, situación que derivó, a su vez, en graves violaciones a los derechos humanos, con ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, tortura, detenciones arbitrarias y creciente violencia entre las propias organizaciones criminales. Es este clima de inseguridad y violencia lo que ha conducido al desplazamiento forzado de personas

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