MONTERREY, NL (apro).- Al presentar al abogado Ernesto Canales como fiscal anticorrupción, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón mencionó que actualmente son analizados 100 expedientes de irregularidades generadas en el gobierno de su antecesor, Rodrigo Medina.

“El Bronco” señaló que Canales y su equipo revisarán los casos para presentar, en febrero, las respectivas denuncias penales contra funcionarios, empresarios y hasta medios de comunicación, de nombres que se reservó, en hechos que ocurrieron durante el anterior gobierno.

Además de estos hay otros 100 casos, ya detectados, que el gobierno investigará con el mismo propósito de buscar responsables y procesarlos, advirtió.

Para que el ‘zar anticorrupción’ pueda entrar en funciones, se incorporó a la Procuraduría, mediante acuerdo oficial, la figura de la Subprocuraduría Anticorrupción, con sus respectivas unidades del MP y que trabajará en tres aspectos: recepción de denuncias e información; investigación y procesamiento de las pesquisas, y la litigación.

En rueda de prensa, donde estuvieron presentes Canales Santos y el procurador Roberto Flores, “El Bronco” dijo que ya hay detectadas corruptelas en dependencias como el Isssteleón, Secretaría General de Gobierno, Comunicación, Obras Públicas, Salud, el sistema de transporte Metro, Servicio Estatal de Agua y Drenaje, sistema de procesamiento de desechos Simeprode, Seguridad Pública, Sistema de Caminos, Secretaría de Educación, DIF, contratos con la armadora coreana KIA, y en la firma para el convenio del acueducto Monterrey VI, entre otros.

Las investigaciones son por daño patrimonial al gobierno, mal uso de recursos públicos, irresponsabilidad de funcionarios, otorgamiento de obras sin concursar, asignaciones directas a una sola empresa, suplantación en ejercicios de licitación pública, desvío de recursos, además de otros que serán detallados próximamente.

No existe, hasta ahora, una cuantificación del daño patrimonial que ocasionaron estos presuntos delitos, admitió Rodríguez Calderón.

Luego explicó que los expedientes fueron entregados a Canales y su equipo de fiscales, quienes tomarán posesión el miércoles 9 y entonces comenzarán con las indagatorias.

El mandatario estatal afirmó que este nuevo órgano contará con “dientes”, pues tendrá amplias facultades para proceder jurídicamente en contra de las personas del gobierno o particulares, que sean detectados cometiendo actos de corrupción.

El procurador Roberto Flores, por su parte, fue enfático al señalar que en los casos en que sean demostradas irregularidades, los implicados serán castigados, si es necesario, con cárcel.

El gobernador explicó que en los primeros casos, 66 fueron encontrados por la empresa externa que auditó la administración de Medina de la Cruz y otros 34 fueron encontrados por los mismos funcionarios que asumieron las dependencias en los cuatro meses de transición.

“El Bronco” precisó que, de acuerdo con el cronograma que la fiscalía ya elaboró, en diciembre serán integrados los documentos con las evidencias; en enero los fiscales abordarán jurídicamente los casos, y en febrero se presentarán las respectivas denuncias.

No obstante, reconoció que actualmente existe, al interior del Congreso, una iniciativa para crear un sistema estatal anticorrupción, pero aclaró que su gobierno no puede esperar a los legisladores, que han evidenciado lentitud en procesar el tema.

También señaló que cuando los diputados finalmente presenten su propuesta, la fiscalía estatal podría modificar su esquema, pero por lo pronto tiene que arrancar porque hay necesidad de comenzar el procesamiento de los expedientes.

Jaime Rodríguez explicó que no revelará los nombres de los involucrados en cada una de las causas que son indagadas, para evitar que sean tramitados amparos o que, incluso, los señalados puedan huir para evitar la acción de la justicia.

Por su parte Canales reveló que empleará el sistema de recompensas para las personas que denuncien actos de corrupción, y el perdón a implicados que aporten información valiosa para encontrar los hechos de deshonestidad en el gobierno, ya sea en pasadas administraciones o en la actual.

El fiscal indicó que, de ser necesario, solicitarán información a los gobiernos de otros países para indagar desvíos financieros, como se ha rumorado en el caso de Humberto Medina Ainslie, padre del exgobernador priista, de quien se ha dicho que ha lavado dinero en negocios inmobiliarios en Texas.

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